5 de octubre de 2020- San Juan, Puerto Rico- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, presentó parte de su propuesta de salud que continuará trabajando en lo que sería su segundo cuatrienio en el Congreso, enfocada en el trato igual en los programas de salud a los ciudadanos americanos residentes en la isla, asegurar el financiamiento de los programas y darles un respiro a 200,000 personas, que actualmente no cuenta con un seguro de salud al extenderles la cubierta de Medicaid.

La primera legislación radicada por Jenniffer González Colón, cuando juramentó en el 2017, fue para asegurar el financiamiento del programa de la Tarjeta de Salud en Puerto Rico y los demás territorios, marcando el tema que sería una de sus prioridades en el Congreso, dedicándole mucho tiempo hasta conseguir en tres ocasiones aguantar el llamado “Medicaid Cliff”, consiguiendo asignaciones de fondos federales históricas y salvando la cubierta de salud de más de un millón de residentes en la isla.

Medicaid (la Tarjeta de Salud) es un programa operado por los estados y territorios para garantizarles a las personas de bajos ingresos una cubierta de seguro de salud. Este programa es fundamental para el sistema de salud de Puerto Rico, proveyendo cuidado a casi la mitad de la población, 1.3 millones de personas. La condición territorial de Puerto Rico les impide a los ciudadanos americanos residentes en la isla gozar de los beneficios en igualdad de condiciones, que los residentes de los estados bajo este programa.

Las diferencias más notables son la aportación por parte del gobierno federal, el tope de los fondos asignados, la cantidad de beneficios obligatorios aplicados a la isla y el por ciento en que se basa el nivel de pobreza.

El máximo de aportación federal por ley al programa de Meidcaid, conocido como el FMAP por sus siglas en inglés, es un 83% y se basa en el ingreso per cápita de cada estado. Para el 2020, el estado con la aportación federal más alta es Mississippi con 77.76%; mientras que el FMAP en Puerto Rico está establecido por ley en un 55%, una aportación menor.

La comisionada logró que la aportación federal luego de María fuera del 100% por dos años, luego logró que se aumentara de un 55% a un 76% por dos años y por el tiempo que dure la emergencia del Covid, aumentarla a un 6.2% adicional, un 82.2%. Estos beneficios expiran en el 2021; por lo que la comisionada se compromete a continuar trabajando para aumentar esa aportación estatutaria del 55% lo que le daría un respiro al gobierno de Puerto Rico que pudiera invertir esos fondos en otros programas. Estos incrementos conseguidos por la comisionada residente significan ahorros billonarios para el gobierno de Puerto Rico que puede invertir esos fondos para mejorar la cubierta a todas las personas que se benefician de la Tarjeta de Salud.

Contrario a los estados, Puerto Rico tiene un tope de $350 millones en la aportación federal para Medicaid que no alcanza para cubrir las necesidades en la isla, ni para proveer los beneficios mínimos que el programa de Medicaid requiere en los estados. Esto ha obligado a buscar otras alternativas de financiamiento y por lo tanto, que el estado haya enfrentado la amenaza de quedarse sin fondos al programa antes de tiempo.

La comisionada paró el llamado “Medicaid Cliff” en tres ocasiones, asegurando los fondos que financian la Tarjeta de Salud. En mayo del 2017 consiguió $295.9 millones para financiar Medicaid hasta abril 2018; en febrero del 2018 consiguió $4,800 millones para cubrir dos años; en diciembre de 2019 consiguió $5,700 por los próximos dos años, la cantidad más grande en la historia. La comisionada busca que se elimine el tope artificial (o “CAP”) del financiamiento del programa de la Tarjeta de Salud en Puerto Rico.

Dada a las limitaciones en el financiamiento del programa, en Puerto Rico solo aplican 10 de los 17 beneficios obligatorios de Medicaid, por esto, uno de los compromisos de la comisionada es continuar luchando por el trato igual en el financiamiento de los programas federales de salud para que se puedan ofrecer más de estos beneficios mandatorios en la isla como serían servicios de salud en el hogar, transportación a citas médicas, servicios de enfermeras práctica, centro de cuidado especializado de enfermería para personas mayores de 21 años, servicios de parteras y otros.

Otro efecto del límite de financiamiento federal es el uso por Puerto Rico, de una fórmula criolla del nivel de pobreza que excluye a miles de pacientes. Esta fórmula equivalente a un 40% del porciento de nivel de pobreza federal, algo que la comisionada continuara trabajando en su próximo cuatrienio

“Me comprometo en impulsar que se utilice el nivel de pobreza federal para determinar la elegibilidad en el Medicaid. Esto permitiría que aproximadamente 200,000 personas que no tienen un seguro médico en estos momentos ingresen a la Tarjeta de Salud. Estas serían, en su mayoría, familias trabajadoras de escasos recursos que ganan más de lo determinado para ser elegible para la Tarjeta de Salud, pero no suficiente para costear una cubierta médica. Estaríamos permitiendo que las personas no tengan que escoger entre trabajar o mantener un plan de salud”, explicó la comisionada

Equiparar el nivel de pobreza al federal, fue uno de los programas nuevos para los cuales la congresista consiguió fondos adicionales en el Further Appropriations Act, casi $350 millones anuales, y que no se pudo poner en vigor por objeciones de la Junta de Control Fiscal.

El programa de “Disproportionate Share Hospital” (DSH) compensa a hospitales que atienden un número desproporcional de pacientes de bajos ingresos, por los costos del tratamiento de estos pacientes que no están cubiertos por otros pagadores como Medicare, Medicaid, CHIP u otros planes médicos. Puerto Rico no goza de una asignación de Medicaid DSH para sus hospitales. La comisionada buscará que los hospitales en Puerto Rico reciban un trato justo para poder beneficiarse de los pagos de DSH y ya ha iniciado esta gestión.

La Parte B de Medicare es aquella que provee cubierta para citas médicas, servicios ambulatorios, equipo médico, diálisis entre otros servicios médicos preventivos. Contrario a los Estados Unidos, en Puerto Rico, los beneficiarios no quedan automáticamente inscritos y si no lo hacen en el periodo inicial de 7 meses, se les impone una penalidad de por vida del 10% de la prima por cada año de tardanza. La comisionada continuará trabajando para eliminar esta discriminación, ya ha presentado legislación como el HR 2310 Ley de Justicia en la Inscripción de la Parte B de Medicare de 2019.

Medicare Parte D es un beneficio voluntario de medicamentos recetados para pacientes ambulatorios para personas con Medicare, proporcionado a través de planes privados. Los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico no son elegibles para los subsidios federales que ayudan a costear las cubiertas opcionales de Medicare (Parte B y Parte D), conocido como el “Low Income Subsidy” (LIS) y del que se pudieran beneficiar en Puerto Rico aproximadamente sobre 500,000 personas.

El fondo para medicamentos que sustituye el “Low Income Subsidy” en Puerto Rico requiere del pareo de fondos del gobierno local y está sujeto a los límites del financiamiento federal de nuestro programa de Medicaid, a diferencia del subsidio disponible a los residentes de los estados. La comisionada continuará abogando por extender la disponibilidad de los subsidios a las cubiertas opcionales de Medicare a los residentes de Puerto Rico.

“Tomando en consideración el hecho que nuestra población de la tercera edad continua en aumento acelerado es necesario identificar fondos para mejorar los servicios de salud existentes e implementar nuevas tecnologías en materia salubrista. De igual manera, tenemos que hacerle justicia a cada puertorriqueño pues al tener igual responsabilidad con respecto al pago del seguro de Medicare, debe disfrutar de un trato igual en cuanto a los beneficios y dejar de ser ignorados y hasta penalizados en algunas circunstancias”, expresó González Colón.

Para el 2019, los pagos del Gobierno federal a los Planes de Medicare Advantage en Puerto Rico fueron los más bajos de toda la nación. La congresista buscará estabilizar la caída en los pagos a los Planes Medicare Advantage en Puerto Rico, para que a los proveedores de salud y hospitales reciban mejor paga, y los pacientes mejor cubierta. Hay quel ograr una solución permanente a este problema. Sobre el 70% de los pacientes con cubiertas A y B de Medicare en Puerto Rico, están suscritos a planes Medicare Advantage.

Esta iniciativa de González Colón para la que presentó legislación en ambos congresos HR 6809/ HR 813, cuenta con el respaldo de entidades como la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico, la Junta de Supervisión y la Administración Financiera de Puerto Rico, Centro Unido Detallistas, Asociación IPA; planes médicos, Medicaid y Medicare Advantage Products Association de Puerto Rico (MMAPA), Estadounidenses para la Reforma Tributaria, entre otros.

La comisionada se unió al Caucus Congresional de Enfermedades Raras, que ofrece una plataforma para familiarizar a los residentes en la isla sobre estas enfermedades, al igual que le permite a la congresista trabajar, evaluar y apoyar legislación que promueva la investigación y asignación de recursos bajo programas de salud a esta población. La comisionada buscará incluir a Puerto Rico en las iniciativas para identificar, investigar, diagnosticar, tratar y educar sobre enfermedades raras y abogará por que se atiendan adecuadamente las necesidades de estos pacientes.

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SAN JUAN – Puerto Rico’s Resident Commissioner Jenniffer González Colón has introduced bipartisan legislation to provide federal tax incentives for the manufacturing of vital medical supplies now made in foreign jurisdictions, “which poses a risk to U.S. supply chain as evidenced by the pandemic caused by Covid-19,” according to a release issued by her office.

H.R. 6443, Securing the National Supply Chain Act of 2020, would secure the national stockpile supply chain by providing incentives to economically depressed areas, also known as distressed zones, in the United States, including the territories.

“This initiative would help drive the consolidation of the manufacturing industry in Puerto Rico, creating new jobs and boosting the Island’s local economy,”

Jenniffer González Colón.

Joining González in sponsoring the bill is former U.S. Health and Human Services Secretary Donna Shalala (D-FL) and Reps. Rob Bishop (R-UT), Darren Soto (D-FL), Ruben Gallego (D-AZ), and Peter King (R-NY). 

The bill would provide a dollar-for-dollar credit against federal taxes to U.S. companies for fully 50% of wages, investments, purchases made in the areas for manufacturing the needed medical supplies and a credit of 40% of wages and investments and 30% to 40% of local purchases in the case of other products, with the 40% applying for purchases from minority businesses.

The bill works under the scope of the $2.2 trillion CARES Act signed into law March 27. The law requires a U.S. government study with recommendations on ensuring the domestic supply of essential medical products. 

“The coronavirus pandemic has clearly shown us how the United States’ dependence on foreign jurisdictions for raw materials and products necessary for medical products and the nation’s security can put us at risk. This legislation would prevent the shortage of supplies we are experiencing for future events, while at the same time contributing to the economic development of U.S. jurisdictions in need,” said González, who introduced a very similar bill during the last congressional session.

“I am proud to co-sponsor this vital legislation that will not only help rebuild our domestic supply of critical health care supplies, but also provide a much-needed boost to areas of the country that are economically underserved and full of untapped potential. This bill, which allows us to capitalize on regions’ skills and expertise, such as Puerto Rico’s robust history as a pharmaceutical and medical device manufacturing base, is long overdue and I’m proud to support it,” Shalala said.

“This bill establishes incentives to manufacture products in local distressed zones, decreasing our reliance on international supply chains and providing an economic boost to struggling communities. I look forward to working with the Resident Commissioner on moving this important legislation,” added Bishop, the ranking member of the House Natural Resources Committee, which oversees Puerto Rico matters.

Areas of the country that would qualify would have to have had pervasive poverty, high unemployment, low labor-force participation, and a prolonged period of economic depression, as well as a poverty rate of not less than 35%. They would also have to have an economic development plan. 

“The legislation also provides a path for areas with a poverty level between 30% and 35% to apply for the benefits (“distressed zone” designation). The idea is to make it attractive for manufacturers of products necessary for the nation’s security to relocate to areas where there would also be the benefit of economic progress for locally left-behind economies,” according to the release.

“The current global situation represents an opportunity to ensure Puerto Rico and other relatively poor jurisdictions across the nation are able to attract the necessary capital to improve economic growth opportunities, such as job creation, while at the same time reducing America’s dependence on foreign supplies when the entire world is in crisis,” the island’s representative said.

El presiente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó hoy el proyecto de ley que ordena que las pruebas para detectar el coronavirus sean gratuitas y asigna $183 millones en fondos para Medicaid y asistencia alimentaria de emergencia para la Isla.

El proyecto de ley fue aprobado por el presidente Trump hoy, luego de que fue aprobado por el Senado con un voto bipartidista de 363-40.

Según CBS News, el paquete de la fase dos también incluye seguro de desempleo estatal, y licencia médica, familiar y médica remunerada para trabajadores en empresas con 500 empleados o menos.

La mayoría de los trabajadores en el país trabajan en empresas con más de 500 empleados, muchos de los cuales ya ofrecen vacaciones pagadas.

El Senado consideró las enmiendas antes de avanzar con una votación el miércoles por la tarde. 

El senador Ron Johnson, también republicano, ofreció una enmienda al proyecto de ley de la Cámara de Representantes que eliminaría el mandato de licencia remunerada al tiempo que ampliaba la elegibilidad para el seguro de desempleo para los trabajadores que pierden sus empleos durante la crisis. La enmienda de Johnson no recibió los votos necesarios para ser agregados al proyecto de ley.

Por otra parte, los beneficios a trabajadores y empresas aplicarán también a Puerto Rico, así lo indicó la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias asignó varias partidas de fondos federales, como parte de las asignaciones de Asistencia por Desastre a Centros Head Start dentro de la categoría de servicios sociales. Dentro de estas asignaciones, el Municipio de Caguas recibió dos asignaciones de $336,000 y $278,250; el Municipio de Canóvanas recibió $292,000 y el Municipio de Utuado recibió $650,438.
 

Asimismo, la  Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños asignó $4,099,449 al Municipio de Mayagüez; $6,897,383 al Municipio de Ponce  y $1,816,071 al Centro de Servicios a la Juventud,Inc. bajo los fondos Head Start y Early Head Start en la categoría de servicios sociales. 
 

Estos fondos asignados para Head Start  son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.
 

Por otra parte, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos asignó $2,643,825 en fondos federales al Departamento de Salud de Puerto Rico para servicios de salud para madres y niños.  Además, el Departamento de Salud de Puerto Rico recibió $235,000 bajo el programa Universal Newborn Hearing Screening and Intervention dentro de la categoría de servicios de salud.
 

De la misma forma, HRSA asignó $3,314.,209 al Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc. bajo la categoría de servicios de salud. 
 

A estos centros se le conoce como Centro 330  porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica accesibles. 
 

HHS a través del Centro de Prevención de Abuso de Sustancias asignó $50,000 a la Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Inc. bajo el proyecto OPDH- Coalicion de Prevencion Morovena dentro de la categoria de servicios de salud mental y abusos de sustancias.

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció nuevas aprobaciones de fondos por parte de agencias federales que suman $25,880,665. Estos fondos van dirigidos a programas de cuidados de salud, desarrollo de la niñez y hasta para promover la autosuficiencia.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) asignó $150,247 a cinco municipios en la Isla para el programa de Autosuficiencia Familiar (FSS por sus siglas en inglés). Este programa permite a las familias asistidas por HUD aumentar sus ingresos y reducir su dependencia de la asistencia social y los subsidios de alquiler.

Los municipios que se beneficiaran de esta asignación son Juana Díaz que recibirá $24,680, San Germán $56,816, San Juan $25,387, Bayamón $28,324 y Ponce con $15,040.

El secretario de HUD, Ben Carson, destacó que este año el 90% de las 700 autoridad públicas que se beneficiaron de estos fondos alrededor de la nación, están ubicadas en las Zonas de Oportunidad que son producto de la Reforma Contributiva federal del 2017, en donde la comisionada residente logró insertar a Puerto Rico. Las Zonas de Oportunidad promueven inversiones a largo plazo en comunidades de bajos ingresos.

La Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) asignó al Programa de Head Start del Municipio de Mayagüez $4,099,450 y $6,897,384 al del Municipio de Ponce; para el programa de Head Start y Early Head Start del Municipio de Caguas se asignó $6,396,235 y para el programa de Early Head Start del Municipio de Dorado se aprobaron $601,176.

Dentro del programa de Asistencia por Desastres a los Centros Head Start cuyos fondos provienen de la Ley Bipartita de Presupuesto del 2018, al Municipio de Dorado se le asignó $361,125.

La Oficina para la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del HHS asignó al programa de Servicios Maternos y Salud Infantil del Departamento de Salud de Puerto Rico la cantidad de $1,255,615.

HRSA bajo el programa de Centros 330 de Salud, asignó a COSMMA Inc. en Cidra $2,145,369; al Prymed Medical Care, Inc. De Ciales $1,020,853; y el Migrant Health Center, Western Region, Inc de Mayagüez recibirá $2,953,211.

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