CONTRIBUYE
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Washington D. C. – Un proyecto de presupuesto aprobado hoy en la Cámara baja federal incluye $4.07 millones para trabajos de operación y mantenimiento de dragado de los canales de navegación del puerto de San Juan.

Otra de las medidas asigna $3.15 millones para el programa de carreteras de Puerto Rico.

Según la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, en el área de recursos de agua, el paquete presupuestario recomienda incluir siete nuevos proyectos en los planes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, dos de los cuales serían para la restauración de ecosistemas.

“Esto mejoraría las probabilidades de seleccionar proyectos pendientes en Puerto Rico, como lo es el Caño Martín Peña”, sostuvo la comisionada. También destacó una asignación de $126,000 para la inspección de proyectos completados por el Cuerpo de Ingenieros en Puerto Rico y otros $100,000 para inspeccionar los proyectos en general en la Isla.

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Washington D.C.– La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, coincidió hoy con el director regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas inglés), Thomas Von Essen, en que Puerto Rico no está listo para hacerle frente a un desastre de envergadura.

“Definitivamente no está listo Puerto Rico para enfrentar un huracán o tormenta mayor”, indicó la comisionada, en un tuit, al hacer referencia a que a las 4:20 p.m. hoy había sobre 410,000 personas sin energía eléctrica tras el paso al sur de la isla de la tormenta Isaías.

González dijo que sectores de Puerto Rico quedaron sin servicio de energía eléctrica debido a “vegetación” que dañó una línea.

En una carta, con fecha del 14 de julio, Von Essen – cargo de la región 2 de FEMA que incluye a Puerto Rico-, indicó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que manifestó sus preocupaciones en una reunión cara a cara con el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer y el general retirado Marcelo Rolón, quien el 7 de julio fue designado por la gobernador como director interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Manejo de Desastres(NMEAD), ante la súbita renuncia el día antes del director José Burgos.

No obstante, dice Von Essen, cuatro semanas después de la reunión, ninguna de sus preocupaciones había sido atendida.

Unos 394,000 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y 150,000 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) continuaban al caer la noche del jueves sin los servicios básicos, debido a las averías reportadas ante el paso cercano de la tormenta tropical Isaías.

Durante una conferencia de prensa realizada hoy en la sede del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), el secretario de Estado, Elmer Román, detalló que los municipios más afectados por la falta de servicio de energía eléctrica son Ponce, Caguas y Mayagüez.

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La comisionada residente en Washington D.C., Jennifer González, reaccionó esta tarde a la decisión del Departamento de Justicia Federal de no aprobar la asignación de $2.5 millones para celebrar la consulta de “Estadidad Sí o No” en las próximas elecciones generales, pautadas para el 3 de noviembre.

“El plebiscito va con o sin el aval del Departamento de Justicia federal porque la democracia para el pueblo no puede esperar por la burocracia del gobierno federal y mucho menos de cualquier deseo de que no pase nada y nos quedemos en la colonia. Esa es la fácil para algunos”, expresó en declaraciones escritas.

“El Congreso autorizó los fondos en el 2014 para que nos expresáramos y desde entonces Justicia federal juega al no desembolso para que sigamos resbalando en el bache colonial”, sostuvo.

Asimismo, mencionó los últimos plebiscitos y sus resultados favoreciendo la anexión; pese a que se ha cuestionado la validez de los resultados debido a la baja participación de electores, entre otros factores.

“Nuestra isla está lista ya. Desde el 2012 cuando el 54% votó en contra del territorio y el 61% escogió la estadidad, allí quedó claro el camino y la decisión del pueblo. En el 2017 el gobernador Rosselló sometió y siguió todo el proceso para un plebiscito federal e hicieron lo mismo en Justicia. El 97% de los votantes escogió la estadidad. Ya el pueblo habló una y otra vez”, continuó.

Además, criticó la gestión de Justicia federal, diciendo que no hacen valer el derecho de los puertorriqueños.

“El Departamento de Justicia federal es el llamado a defender nuestros derechos como ciudadanos americanos e históricamente hace lo contrario. Primero validando los casos insulares que discriminan contra los puertorriqueños y segundo cada vez que pueden en los tribunales obstaculizando el trato igual a nuestra gente en programas federales. Ya está bueno de aquellos que juegan con las aspiraciones del pueblo haciendo creer que vivimos en un estatus digno. ¡No!”, dijo.

Continuó la misiva expresando que “vivimos con las manos y la esperanza amarrada a ver que nos envían del Congreso para fondos, pero no le damos a la gente el derecho a vivir dignamente ni al disfrute de sus oportunidades. Más del 43% de la isla vive en la pobreza y aún así hay políticos que prefieren jugar a la república”.

“Yo no le voy a pedir permiso a nadie y menos a Justicia para reclamar mis derechos como ciudadana americana. Tampoco pidieron permiso los afroamericanos que lucharon contra la segregación y discriminación en la nación; ellos tuvieron que abrirse paso en contra del Departamento de Justicia. Tampoco voy a mudarme de mi isla para lograrlo; lo haré con mi voto, con el reclamo de un pueblo que pide igualdad plena y que sabe que el futuro de Puerto Rico es la Estadidad”, finalizó.

 
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Washington D.C.– La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, defendió hoy la estadidad para Puerto Rico, en una audiencia en la que un subcomité del Congreso discutió la exclusión de los territorios estadounidenses del colegio electoral de Estados Unidos y el legado de racismo de la jurisprudencia federal sobre esas jurisdicciones.

La comisionada González sostuvo que en momentos en que se necesitaría una enmienda constitucional para permitir que los residentes de Puerto Rico puedan votar por el presidente de Estados Unidos, las alternativas políticas para la isla alcanzar democracia son la independencia, libre asociación y la estadidad.

“No nos deberíamos tener que mover a un estado para obtener democracia o igualdad”, indicó la comisionada González ante el subcomité sobre Elecciones de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que llevó a cabo una sesión para discutir el derecho al voto “en las Islas Vírgenes y los demás territorios”.

Tanto la presidenta del subcomité, Marcia Fudge (Ohio), como su colega demócrata G. K. Butterfield (Carolina del Norte), indicaron que esperan ver el día en que los territorios – cuya jurisdicción está en manos del Comité de Recursos Naturales-, tengan plenos derechos en el Congreso.

En la vista pública, los delegados de las Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte abogaron por la propuesta aprobada en marzo de 2019 en la Cámara de Representantes, incluida en un proyecto de ley que no ha avanzado en el Senado, para crear un Grupo de Trabajo del Congreso que estudie los cambios que deben adoptarse para garantizar la participación de los territorios, incluido Puerto Rico, en la elección del gobierno federal.

Cuando el gobierno de Donald Trump declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre de 2018, el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó que si los residentes de Puerto Rico quieren votar por el presidente de Estados Unidos o elegir miembros del Congreso con plenos derechos, pueden mudarse a un estado.

Trujillo mantuvo entonces – en aquella audiencia en que la CIDH examinó querellas presentadas por el exgobernador Pedro Rosselló González y el abogado Gregorio Igartúa-, que el gobierno de Trump considera que en Puerto Rico no hay consenso sobre el status. El presidente Trump ha rechazado la idea de convertir a Puerto Rico en un estado.

“Represento alrededor del 89% de la población total en los cinco territorios. Eso significa que represento 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses, con los mismos derechos (fundamentales) que los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Pero nosotros, y los residentes de los otros territorios, vivimos en jurisdicciones que constitucionalmente no pueden tener votos en el gobierno que no solo crea nuestras leyes nacionales sino que puede, y a veces lo hace, interviene con las leyes locales”, indicó González en su testimonio.

Mencionó en ese sentido la Ley Promesa, que en junio de 2016 impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.

La comisionada sostuvo que con el visto bueno del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la cláusula territorial de la Constitución estadounidense “convierte al Congreso en una legislatura súper territorial”.

“El Congreso puede delegar el ejercicio del gobierno propio al pueblo del territorio, pero todavía retiene el poder último para gobernarnos sobre todos los asuntos y puede recuperar el gobierno propio que ha delegado”, indicó González.

La comisionada afirmó que Estados Unidos fue fundado bajo el principio de que los territorios eventualmente se convertirían en un estado. “Esa política pública fue echada a un lado después de la Guerra hispanoamericana debido a prejuicios raciales y culturales. Había la preocupación de que si Puerto Rico era encaminado hacia la estadidad, Filipinas lo querría también”, agregó.

Los dos últimos proyectos de ley que ha presentado la comisionada residente en Washington impulsan convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado – aún sin derechos políticos, pero sujeto al pago de contribuciones sobre ingresos-, antes de ser admitido como el estado 51 de Estados Unidos.

En la audiencia de hoy también declararon los delegados de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, Guam, Michael San Nicholas, y las Islas Marianas del Norte, Gregorio Kilili Camacho Sablan, entre otros.

San Nicolas sostuvo que “es un deber que no tenemos la conveniencia de ignorar” la convocatoria a un referéndum en Puerto Rico sobre la propuesta de estadidad, vinculante o administrado por Estados Unidos, “o el reconocimiento de un Puerto Rico independiente”.

Plaskett indicó que no puede hablarse de la falta de derecho al voto en los territorios estadounidenses, sin aludir al racismo.

Recordó que la decisión más influyente de los Casos Insulares, Downes versus Bidwell (1901) describe a los residentes de Puerto Rico como “salvajes” o de una raza extranjera no inmersa “en los principios del derecho anglosajón”. Y subrayó que ese caso fue decidido por el mismo grupo de jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos que cinco años antes estableció la doctrina de segregación racial “separados pero iguales”, en el caso Plessy versus Ferguson.

“Sin embargo, incluso cuando los estudiosos del derecho han caracterizado los Casos insulares como ‘documentos centrales en la historia del racismo estadounidense’, las últimas tres administraciones (las de Donald Trump, Barack Obama y George W. Bush) han defendido los Casos Insulares”, subrayó Plaskett.

Al cerrar la audiencia, después de que el republicano Rodney Davis (Illinois), lamentó que la idea de crear un Grupo de Trabajo del Congreso para estudiar la participación de los residentes de los territorios en el colegio electoral estuviera dentro de un proyecto que no fue consultado con la minoría, la congresista Fudge ofreció legislar el asunto por separado, si ayuda a generar bipartidismo.

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SAN JUAN – Puerto Rico’s Resident Commissioner Jenniffer González Colón has introduced bipartisan legislation to provide federal tax incentives for the manufacturing of vital medical supplies now made in foreign jurisdictions, “which poses a risk to U.S. supply chain as evidenced by the pandemic caused by Covid-19,” according to a release issued by her office.

H.R. 6443, Securing the National Supply Chain Act of 2020, would secure the national stockpile supply chain by providing incentives to economically depressed areas, also known as distressed zones, in the United States, including the territories.

“This initiative would help drive the consolidation of the manufacturing industry in Puerto Rico, creating new jobs and boosting the Island’s local economy,”

Jenniffer González Colón.

Joining González in sponsoring the bill is former U.S. Health and Human Services Secretary Donna Shalala (D-FL) and Reps. Rob Bishop (R-UT), Darren Soto (D-FL), Ruben Gallego (D-AZ), and Peter King (R-NY). 

The bill would provide a dollar-for-dollar credit against federal taxes to U.S. companies for fully 50% of wages, investments, purchases made in the areas for manufacturing the needed medical supplies and a credit of 40% of wages and investments and 30% to 40% of local purchases in the case of other products, with the 40% applying for purchases from minority businesses.

The bill works under the scope of the $2.2 trillion CARES Act signed into law March 27. The law requires a U.S. government study with recommendations on ensuring the domestic supply of essential medical products. 

“The coronavirus pandemic has clearly shown us how the United States’ dependence on foreign jurisdictions for raw materials and products necessary for medical products and the nation’s security can put us at risk. This legislation would prevent the shortage of supplies we are experiencing for future events, while at the same time contributing to the economic development of U.S. jurisdictions in need,” said González, who introduced a very similar bill during the last congressional session.

“I am proud to co-sponsor this vital legislation that will not only help rebuild our domestic supply of critical health care supplies, but also provide a much-needed boost to areas of the country that are economically underserved and full of untapped potential. This bill, which allows us to capitalize on regions’ skills and expertise, such as Puerto Rico’s robust history as a pharmaceutical and medical device manufacturing base, is long overdue and I’m proud to support it,” Shalala said.

“This bill establishes incentives to manufacture products in local distressed zones, decreasing our reliance on international supply chains and providing an economic boost to struggling communities. I look forward to working with the Resident Commissioner on moving this important legislation,” added Bishop, the ranking member of the House Natural Resources Committee, which oversees Puerto Rico matters.

Areas of the country that would qualify would have to have had pervasive poverty, high unemployment, low labor-force participation, and a prolonged period of economic depression, as well as a poverty rate of not less than 35%. They would also have to have an economic development plan. 

“The legislation also provides a path for areas with a poverty level between 30% and 35% to apply for the benefits (“distressed zone” designation). The idea is to make it attractive for manufacturers of products necessary for the nation’s security to relocate to areas where there would also be the benefit of economic progress for locally left-behind economies,” according to the release.

“The current global situation represents an opportunity to ensure Puerto Rico and other relatively poor jurisdictions across the nation are able to attract the necessary capital to improve economic growth opportunities, such as job creation, while at the same time reducing America’s dependence on foreign supplies when the entire world is in crisis,” the island’s representative said.

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SAN JUAN – Puerto Rico’s Resident Commissioner Jenniffer González Colón has introduced bipartisan legislation to provide federal tax incentives for the manufacturing of vital medical supplies now made in foreign jurisdictions, “which poses a risk to U.S. supply chain as evidenced by the pandemic caused by Covid-19,” according to a release issued by her office.

H.R. 6443, Securing the National Supply Chain Act of 2020, would secure the national stockpile supply chain by providing incentives to economically depressed areas, also known as distressed zones, in the United States, including the territories.

“This initiative would help drive the consolidation of the manufacturing industry in Puerto Rico, creating new jobs and boosting the Island’s local economy,”

Jenniffer González Colón.

Joining González in sponsoring the bill is former U.S. Health and Human Services Secretary Donna Shalala (D-FL) and Reps. Rob Bishop (R-UT), Darren Soto (D-FL), Ruben Gallego (D-AZ), and Peter King (R-NY). 

The bill would provide a dollar-for-dollar credit against federal taxes to U.S. companies for fully 50% of wages, investments, purchases made in the areas for manufacturing the needed medical supplies and a credit of 40% of wages and investments and 30% to 40% of local purchases in the case of other products, with the 40% applying for purchases from minority businesses.

The bill works under the scope of the $2.2 trillion CARES Act signed into law March 27. The law requires a U.S. government study with recommendations on ensuring the domestic supply of essential medical products. 

“The coronavirus pandemic has clearly shown us how the United States’ dependence on foreign jurisdictions for raw materials and products necessary for medical products and the nation’s security can put us at risk. This legislation would prevent the shortage of supplies we are experiencing for future events, while at the same time contributing to the economic development of U.S. jurisdictions in need,” said González, who introduced a very similar bill during the last congressional session.

“I am proud to co-sponsor this vital legislation that will not only help rebuild our domestic supply of critical health care supplies, but also provide a much-needed boost to areas of the country that are economically underserved and full of untapped potential. This bill, which allows us to capitalize on regions’ skills and expertise, such as Puerto Rico’s robust history as a pharmaceutical and medical device manufacturing base, is long overdue and I’m proud to support it,” Shalala said.

“This bill establishes incentives to manufacture products in local distressed zones, decreasing our reliance on international supply chains and providing an economic boost to struggling communities. I look forward to working with the Resident Commissioner on moving this important legislation,” added Bishop, the ranking member of the House Natural Resources Committee, which oversees Puerto Rico matters.

Areas of the country that would qualify would have to have had pervasive poverty, high unemployment, low labor-force participation, and a prolonged period of economic depression, as well as a poverty rate of not less than 35%. They would also have to have an economic development plan. 

“The legislation also provides a path for areas with a poverty level between 30% and 35% to apply for the benefits (“distressed zone” designation). The idea is to make it attractive for manufacturers of products necessary for the nation’s security to relocate to areas where there would also be the benefit of economic progress for locally left-behind economies,” according to the release.

“The current global situation represents an opportunity to ensure Puerto Rico and other relatively poor jurisdictions across the nation are able to attract the necessary capital to improve economic growth opportunities, such as job creation, while at the same time reducing America’s dependence on foreign supplies when the entire world is in crisis,” the island’s representative said.

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“This initiative would help drive the consolidation of the manufacturing industry in Puerto Rico, creating new jobs and boosting the Island’s local economy,” Jenniffer González Colón

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, presentó junto a otros cinco congresistas legislación bipartita para otorgar incentivos fiscales bajo el Código de Rentas Internas y así atraer la fabricación de suministros médicos vitales a jurisdicciones de los Estados Unidos.

Esta fabricación —que ahora se hace en países extranjeros— ha representado una amenaza para los suministros con la pandemia del Covid-19, según se informó.

La medida HR 6443 o Ley para Asegurar la Cadena de Suministro Nacional de 2020, aseguraría la cadena de suministros a nivel nacional proveyendo incentivos a las zonas económicamente deprimidas, las llamadas “distressed zones”, en Estados Unidos y los territorios.

“La pandemia del coronavirus ha demostrado claramente cómo la dependencia de los Estados Unidos en las jurisdicciones extranjeras de materias primas y productos necesarios para los medicamentos y la seguridad de la nación pueden ponernos en riesgo”

Jenniffer González Colón.

Puerto Rico estaría bien posicionado con esta iniciativa al asumir un rol protagónico en la industria manufacturera a nivel nacional, lo que a su vez crearía empleos bien remunerados e impulsaría nuestra economía local, según se comunicó.

González Colón presentó la medida junto a la exsecretaria estadounidense de Salud y Servicios Humanos Donna Shalala (D-FL) y los representantes Rob Bishop (R-UT), Darren Soto (D-FL), Rubén Gallego (D-AZ) y Peter King (R-NY).

Lo que representa

El proyecto de ley proporcionaría créditos contra los impuestos federales a las empresas estadounidenses por los gastos incurridos en salarios, inversiones de capital, las compras realizadas a proveedores locales y negocios de grupos minoritarios.

El proyecto de ley se ajusta a la recién aprobada ley federal “CARES Act”, la cual incluye el estímulo económico más grande aprobado en la historia de Estados Unidos de unos 2 trillones de dólares.

Esa ley requiere que se realice un estudio que incluya recomendaciones para garantizar el suministro interno de productos esenciales.

“La pandemia del coronavirus ha demostrado claramente cómo la dependencia de los Estados Unidos en las jurisdicciones extranjeras de materias primas y productos necesarios para los medicamentos y la seguridad de la nación pueden ponernos en riesgo”, dijo González Colón.

“Esta legislación evitaría la escasez de suministros para eventos futuros, mientras que al mismo tiempo contribuiría al desarrollo económico de las jurisdicciones estadounidenses más necesitadas”, agregó.

La congresista demócrata por Florida comentó que “me enorgullece patrocinar esta legislación vital que no solo ayudará a reconstruir nuestro abastecimiento interno de suministros críticos de atención médica, sino que también proporcionará un impulso muy necesario a las áreas de la nación que están económicamente desatendidas y con un potencial sin explotar”.

“Este proyecto de ley, que nos permite capitalizar las habilidades y la experiencia de las regiones, como la sólida base histórica con la que cuenta Puerto Rico en la fabricación de dispositivos médicos y farmacéuticos, ya era hora de trabajarla y estoy orgullosa de apoyarla”, agregó Shalala.

Su colega por Arizona consideró que “nuestra nación claramente debe hacer más para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico en áreas desfavorecidas del país que han experimentado pobreza y desempleo persistentes”.

“Esta legislación no solo revitalizaría esas comunidades, sino que también incentivaría a las empresas a mudarse a los Estados Unidos y producir suministros médicos y equipos de protección esenciales para mantener un arsenal nacional estratégico sólido”, dijo el congresista Gallego.

Para el demócrata Soto, la legislación de las “distressed zones” es crucial para las áreas de nuestra nación que luchan por poner fin al ciclo de la inmensa pobreza simplemente por la dificultad de atraer empresas.

“Este proyecto de ley, que permite una variedad de incentivos para las empresas que operan en ‘distressed’ zones proporciona una vía para la prosperidad en las áreas que más lo necesitan.

Estoy orgulloso de trabajar con la congresista González Colón para ayudar a nuestros conciudadanos americanos”, dijo el congresista Soto.

Las áreas que calificarían tendrían que haber tenido una pobreza generalizada, desempleo, baja participación en la fuerza laboral y un período prolongado de depresión económica, así como una tasa de pobreza de no menos del 35%. También deberían tener un plan de desarrollo económico.

Además, permite que las áreas con un nivel de pobreza entre 30% y 35% soliciten ser designadas como “distressed zones”.

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La comisionada residente, Jenniffer González Colón, radicó junto a otros cinco congresistas legislación bipartita para otorgar incentivos fiscales bajo el Código de Rentas Internas y así atraer la fabricación de suministros médicos vitales a jurisdicciones de los Estados Unidos, que ahora se hace en países extranjeros, lo que con la pandemia del Covid-19 ha representado una amenaza para los suministros a nivel nacional.

La medida, el HR 6443, ‘‘Ley para Asegurar la Cadena de Suministro Nacional de 2020”, aseguraría la cadena de suministros a nivel nacional proveyendo incentivos a las zonas económicamente deprimidas, las llamadas “distressed zones”, en los Estados Unidos y los territorios. Puerto Rico estaría muy bien posicionado con esta iniciativa al asumir un rol protagónico en la industria manufacturera a nivel nacional, lo que a su vez crearía empleos bien remunerados e impulsaría nuestra economía local.

“Las soluciones económicas para Puerto Rico deben estar enmarcados mirando hacia el futuro y no el pasado. Todo nuevo incentivo económico tiene que estar atado a que las compañías inviertan en infraestructura y en capital humano, y tiene que ser dentro del sistema contributivo federal”, dijo la comisionada residente, Jenniffer González.

La congresista presentó la medida junto a la ex Secretaria de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Donna Shalala (D-FL) y los representantes Rob Bishop (R-UT), Darren Soto (D-FL), Rubén Gallego (D-AZ) y Peter King (R-NY).

El proyecto de ley proporcionaría créditos contra los impuestos federales a las empresas estadounidenses por los gastos incurridos en salarios, inversiones de capital, las compras realizadas a proveedores locales y negocios de grupos minoritarios y requiere que se realice un estudio que incluya recomendaciones para garantizar el suministro interno de productos esenciales.

“La pandemia del coronavirus ha demostrado claramente cómo la dependencia de los Estados Unidos en las jurisdicciones extranjeras de materias primas y productos necesarios para los medicamentos y la seguridad de la nación pueden ponernos en riesgo. Esta legislación evitaría la escasez de suministros para eventos futuros, mientras que al mismo tiempo contribuiría al desarrollo económico de las jurisdicciones estadounidenses más necesitadas”, dijo González Colón.

“Me enorgullece patrocinar esta legislación vital que no solo ayudará a reconstruir nuestro abastecimiento interno de suministros críticos de atención médica, sino que también proporcionará un impulso muy necesario a las áreas de la nación que están económicamente desatendidas y con un potencial sin explotar. Este proyecto de ley, que nos permite capitalizar las habilidades y la experiencia de las regiones, como la sólida base histórica con la que cuenta Puerto Rico en la fabricación de dispositivos médicos y farmacéuticos, ya era hora de trabajarla y estoy orgullosa de apoyarla”, dijo la congresista Shalala.

“La legislación de las “distressed zones” es crucial para las áreas de nuestra nación que luchan por poner fin al ciclo de la inmensa pobreza simplemente por la dificultad de atraer empresas”, dijo el congresista Soto.

Las áreas que calificarían tendrían que haber tenido una pobreza generalizada, desempleo, baja participación en la fuerza laboral y un período prolongado de depresión económica, así como una tasa de pobreza de no menos del 35%. También deberían tener un plan de desarrollo económico. Además, permite que las áreas con un nivel de pobreza entre 30% y 35% soliciten ser designadas como “distressed zones”.

“Las soluciones económicas para Puerto Rico deben estar enmarcados mirando hacia el futuro y no el pasado. Todo nuevo incentivo económico tiene que estar atado a que las compañías inviertan en infraestructura y en capital humano, y tiene que ser dentro del sistema contributivo federal”, dijo la comisionada residente.

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