Explicó que el paquete de ayuda acordado entre la Cámara de Representantes federal y el Senado dispone para que los negocios con 500 empleados o menos puedan solicitar préstamos
SAN JUAN – Puerto Rico’s Resident Commissioner Jenniffer González Colón has introduced bipartisan legislation to provide federal tax incentives for the manufacturing of vital medical supplies now made in foreign jurisdictions, “which poses a risk to U.S. supply chain as evidenced by the pandemic caused by Covid-19,” according to a release issued by her office.
H.R. 6443, Securing the National Supply Chain Act of 2020, would secure the national stockpile supply chain by providing incentives to economically depressed areas, also known as distressed zones, in the United States, including the territories.
“This initiative would help drive the consolidation of the manufacturing industry in Puerto Rico, creating new jobs and boosting the Island’s local economy,”
Jenniffer González Colón.
Joining González in sponsoring the bill is former U.S. Health and Human Services Secretary Donna Shalala (D-FL) and Reps. Rob Bishop (R-UT), Darren Soto (D-FL), Ruben Gallego (D-AZ), and Peter King (R-NY).
The bill would provide a dollar-for-dollar credit against federal taxes to U.S. companies for fully 50% of wages, investments, purchases made in the areas for manufacturing the needed medical supplies and a credit of 40% of wages and investments and 30% to 40% of local purchases in the case of other products, with the 40% applying for purchases from minority businesses.
The bill works under the scope of the $2.2 trillion CARES Act signed into law March 27. The law requires a U.S. government study with recommendations on ensuring the domestic supply of essential medical products.
“The coronavirus pandemic has clearly shown us how the United States’ dependence on foreign jurisdictions for raw materials and products necessary for medical products and the nation’s security can put us at risk. This legislation would prevent the shortage of supplies we are experiencing for future events, while at the same time contributing to the economic development of U.S. jurisdictions in need,” said González, who introduced a very similar bill during the last congressional session.
“I am proud to co-sponsor this vital legislation that will not only help rebuild our domestic supply of critical health care supplies, but also provide a much-needed boost to areas of the country that are economically underserved and full of untapped potential. This bill, which allows us to capitalize on regions’ skills and expertise, such as Puerto Rico’s robust history as a pharmaceutical and medical device manufacturing base, is long overdue and I’m proud to support it,” Shalala said.
“This bill establishes incentives to manufacture products in local distressed zones, decreasing our reliance on international supply chains and providing an economic boost to struggling communities. I look forward to working with the Resident Commissioner on moving this important legislation,” added Bishop, the ranking member of the House Natural Resources Committee, which oversees Puerto Rico matters.
Areas of the country that would qualify would have to have had pervasive poverty, high unemployment, low labor-force participation, and a prolonged period of economic depression, as well as a poverty rate of not less than 35%. They would also have to have an economic development plan.
“The legislation also provides a path for areas with a poverty level between 30% and 35% to apply for the benefits (“distressed zone” designation). The idea is to make it attractive for manufacturers of products necessary for the nation’s security to relocate to areas where there would also be the benefit of economic progress for locally left-behind economies,” according to the release.
“The current global situation represents an opportunity to ensure Puerto Rico and other relatively poor jurisdictions across the nation are able to attract the necessary capital to improve economic growth opportunities, such as job creation, while at the same time reducing America’s dependence on foreign supplies when the entire world is in crisis,” the island’s representative said.
La comisionada residente, Jenniffer González Colón, radicó junto a otros cinco congresistas legislación bipartita para otorgar incentivos fiscales bajo el Código de Rentas Internas y así atraer la fabricación de suministros médicos vitales a jurisdicciones de los Estados Unidos, que ahora se hace en países extranjeros, lo que con la pandemia del Covid-19 ha representado una amenaza para los suministros a nivel nacional.
La medida, el HR 6443, ‘‘Ley para Asegurar la Cadena de Suministro Nacional de 2020”, aseguraría la cadena de suministros a nivel nacional proveyendo incentivos a las zonas económicamente deprimidas, las llamadas “distressed zones”, en los Estados Unidos y los territorios. Puerto Rico estaría muy bien posicionado con esta iniciativa al asumir un rol protagónico en la industria manufacturera a nivel nacional, lo que a su vez crearía empleos bien remunerados e impulsaría nuestra economía local.
“Las soluciones económicas para Puerto Rico deben estar enmarcados mirando hacia el futuro y no el pasado. Todo nuevo incentivo económico tiene que estar atado a que las compañías inviertan en infraestructura y en capital humano, y tiene que ser dentro del sistema contributivo federal”, dijo la comisionada residente, Jenniffer González.
La congresista presentó la medida junto a la ex Secretaria de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Donna Shalala (D-FL) y los representantes Rob Bishop (R-UT), Darren Soto (D-FL), Rubén Gallego (D-AZ) y Peter King (R-NY).
El proyecto de ley proporcionaría créditos contra los impuestos federales a las empresas estadounidenses por los gastos incurridos en salarios, inversiones de capital, las compras realizadas a proveedores locales y negocios de grupos minoritarios y requiere que se realice un estudio que incluya recomendaciones para garantizar el suministro interno de productos esenciales.
“La pandemia del coronavirus ha demostrado claramente cómo la dependencia de los Estados Unidos en las jurisdicciones extranjeras de materias primas y productos necesarios para los medicamentos y la seguridad de la nación pueden ponernos en riesgo. Esta legislación evitaría la escasez de suministros para eventos futuros, mientras que al mismo tiempo contribuiría al desarrollo económico de las jurisdicciones estadounidenses más necesitadas”, dijo González Colón.
“Me enorgullece patrocinar esta legislación vital que no solo ayudará a reconstruir nuestro abastecimiento interno de suministros críticos de atención médica, sino que también proporcionará un impulso muy necesario a las áreas de la nación que están económicamente desatendidas y con un potencial sin explotar. Este proyecto de ley, que nos permite capitalizar las habilidades y la experiencia de las regiones, como la sólida base histórica con la que cuenta Puerto Rico en la fabricación de dispositivos médicos y farmacéuticos, ya era hora de trabajarla y estoy orgullosa de apoyarla”, dijo la congresista Shalala.
“La legislación de las “distressed zones” es crucial para las áreas de nuestra nación que luchan por poner fin al ciclo de la inmensa pobreza simplemente por la dificultad de atraer empresas”, dijo el congresista Soto.
Las áreas que calificarían tendrían que haber tenido una pobreza generalizada, desempleo, baja participación en la fuerza laboral y un período prolongado de depresión económica, así como una tasa de pobreza de no menos del 35%. También deberían tener un plan de desarrollo económico. Además, permite que las áreas con un nivel de pobreza entre 30% y 35% soliciten ser designadas como “distressed zones”.
“Las soluciones económicas para Puerto Rico deben estar enmarcados mirando hacia el futuro y no el pasado. Todo nuevo incentivo económico tiene que estar atado a que las compañías inviertan en infraestructura y en capital humano, y tiene que ser dentro del sistema contributivo federal”, dijo la comisionada residente.
En la misma línea de lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la líder republicana en la Isla abogó por restricciones que consideren lo que las industrias necesitan para seguir operando. Por ejemplo, mencionó que mantener la banca abierta debe incluir permitir que operen otras áreas más allá del servicio al cliente.
Hay sectores que han reclamado públicamente una flexibilización en las reglas de la orden ejecutiva para que se permita operar negocios como, por ejemplo, los talleres de mecánica o las gomeras.
“Lo que yo planteo es que la recomendación que se haga por la salud de la gente, que es lo más importante, tiene que estar engranada con cómo funciona la economía. Si la gobernadora dice que hay unas excepciones, que la industria las entienda”, dijo González.
Mencionó como ejemplo los proyectos aprobados a nivel federal para construcción en la Isla que quedaron detenidos con la orden ejecutiva.
“Tienes millones aprobados a nivel federal para el diseño de proyectos de construcción. Si tienes la construcción detenida, podrías tener las áreas de diseño operando”, dijo. “Hay distintas cosas que se pueden hacer para que —mientras la mayor cantidad de gente se queda en su casa— la economía tenga lo que es necesario para funcionar. Hay que ver cómo permitimos el mantenimiento de unas facilidades que en época de lluvia nos van a traer otros problemas con el dengue”.
González aplaudió la creación de un grupo de trabajo para manejar el contagio de Covid-19 en la Isla, así como la creación de un grupo de trabajo enfocado en el aspecto económico.
“Las recomendaciones deben venir amarradas a salud y a la economía, para que el sector privado sepa cómo se va a implementar. Esto nos va a impactar a todos. Cualquiera que sea la decisión, tiene que hermanar la salud y el sector privado económico para que sepan cómo implementarlo”, expresó la comisionada residente.
“Las medidas tienen que permitir cierta actividad económica”, insistió.
Agregó que si hay actividades exentas de la orden ejecutiva, la Policía debe estar bien informada para evitar “restricciones innecesarias al flujo”.
“Por ejemplo, las líneas aéreas que vuelan a Puerto Rico tienen contrato con transportistas para los pilotos. Eso es un contrato. Pero a ese transportista que tiene un contrato para ir a buscar un ‘crew’ de línea aérea no lo están dejando llegar al aeropuerto”, manifestó.
Acuerdo para repartir el alivio federal
González informó que los cheques de alivio aprobados ya por el Senado federal se distribuirán mediante un acuerdo firmado entre el Tesoro federal y el Departamento de Hacienda.
“Hablé con el secretario de Hacienda (Francisco Parés) para que esto se tramite con el Tesoro federal. He tenido conversaciones con el Tesoro y Hacienda porque hay que buscar cuál va a ser el mecanismo de buscar la información para poder hacer esto”, dijo.
“Hacienda y el Tesoro tienen que firmar un acuerdo. Puede funcionar de ambas maneras, o que el gobierno federal lo envíe o que lo envíe Hacienda. El reto es que como hay mucha gente que no rinde (planillas), esa información la tiene Hacienda, así que van a trabajar en un acuerdo”, detalló la funcionaria.
El paquete de estímulo económico más abarcador en la historia de Estados Unidos —ascendente a $3 trillones y dirigido a enfrentar el duro golpe a la economía que ha provocado la pandemia del Covid-19— separa para Puerto Rico, Washington DC y otros territorios un monto de $3,000 millones.
Como parte de estos beneficios está incluido el tan esperado cheque de $1,200 que será pagadero en un solo plazo, al cual tendrán acceso toda aquella persona con un seguro social activo, cuyos ingresos sean $75,000 individual o $150,000 en pareja. Igualmente, el beneficio contempla un pago de $500 por cada menor en la familia.
“Todo el que tenga Seguro Social recibirá $1,200 por persona si gana menos de $75,000 y $2,400 cuando el ingreso de la pareja no supera los $150,000, más $500 por cada niño. Esto incluye a quienes reciben Seguro Social y pensionados. Ya se aprobó hoy en el Senado, esperamos entre hoy o mañana sea aprobado por la Cámara”, dijo a EL VOCERO la comisionada residente Jenniffer González.
“Todo el que tenga Seguro Social recibirá $1,200 por persona si gana menos de $75,000 y $2,400 cuando el ingreso de la pareja no supera los $150,000, más $500 por cada niño. Esto incluye a quienes reciben Seguro Social y pensionados. Ya se aprobó hoy (ayer) en el Senado, esperamos entre hoy (ayer) o mañana (hoy) sea aprobado por la Cámara”, dijo a EL VOCERO la comisionada residente Jenniffer González sobre las ayudas para Puerto Rico, Washington DC y demás territorios, que totalizan $3,000 millones del fondo de $150,000 millones de estabilización para los estados.
Otro de los beneficios para Puerto Rico es el apoyo que tendrán los pequeños y medianos negocios que han sido duramente golpeados por el cierre comercial y el toque de queda, quienes recibirán $562 millones en ayudas, además de los contribuyentes y estudiantes, que también se beneficiarán de la medida del gobierno de Estados Unidos una vez aprobada.
“Si un negocio con menos de 500 empleados toma un préstamo en la banca tradicional para renta, nómina, hipoteca o seguro de salud, el gobierno federal le va a condonar la deuda. En los préstamos con Small Business Administration (SBA), no tendrán que pagarlos por seis meses. Esto nos ayuda mucho porque va al corazón de los comerciantes y es una ayuda ‘cash’”, afirmó González sobre los préstamos por pérdidas económicas por desastres (economic injury disaster loans).
En el caso de los préstamos estudiantiles, no tendrán que pagarse en tres meses ni habrá que devolver la cantidad no utilizada. También hay excelentes noticias para los contribuyentes, ya que a la planilla federal se le extendió el periodo de pago a dos años.
El texto legislativo que se convertirá en el tercer paquete económico en respuesta al Covid-19 incluye ayudas para asistencia nutricional, la Guardia Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), aeropuertos, fondos CDBG y una inyección directa al gobierno de Puerto Rico. El proyecto incluye $200 millones para programas de nutrición en la Isla, adicionales a los $100 millones que se incluyeron en la Ley de Respuesta al Coronavirus “Familias Primero”.
Otros fondos en la medida
El paquete cuenta con $45,000 millones para el Fondo de Ayuda por Desastre de FEMA para las necesidades inmediatas de los gobiernos locales en sus esfuerzos para proteger a los ciudadanos y ayudarlos a recuperarse de los efectos del Covid-19. Las actividades reembolsables pueden incluir respuesta médica, equipo de protección personal, despliegue de la Guardia Nacional, coordinación de logística, medidas de seguridad y servicios comunitarios.
También incluye $100 millones para equipos de protección personal, suministros y reembolsos a los bomberos, además de $100 millones para la preparación de emergencias y $200 millones para el Programa de Alimentos y Refugios de Emergencia, que proporciona estos servicios de apoyo a través de organizaciones locales.
Los sistemas escolares y las instituciones de educación superior se beneficiarán de $30,750 millones para que continúen brindando servicios educativos a sus estudiantes. La Guardia Nacional recibirá cerca de $1,500 millones para apoyar las operaciones del Título 32, que se ha ordenado que comiencen en Nueva York, California y el estado de Washington, así como la Policía y las cárceles estatales, que tendrán a su disposición $850 millones en ayudas de Byrne-JAG para comprar equipos de protección personal, suministros médicos y cubrir horas extras.
La legislación incluye $10,000 millones en ayudas para los aeropuertos comerciales de propiedad pública para abordar la crisis del Covid-19, ya que este sector enfrenta una amplia disminución en los vuelos comerciales. Estos fondos ayudarán a los operadores de los aeropuertos a satisfacer las necesidades actuales y administrar los proyectos de construcción a medida que aumentan los gastos operativos.
Puerto Rico recibirá anualmente fondos del programa de mejoramiento del aeropuerto en función de la cantidad de personas que vuelan al aeropuerto Muñoz Marín, mientras que el de Mayagüez recibirá cerca de $4.7 millones por Essential Air Services para vuelos desde San Juan a esa ciudad.
Explicó que el paquete de ayuda acordado entre la Cámara de Representantes federal y el Senado dispone para que los negocios con 500 empleados o menos puedan solicitar préstamos para
Los puertorriqueños podrán participar del enorme paquete de estímulo financiero —de cerca de $850,000 millones— que podría aprobar el presidente Donald Trump esta semana para mitigar el descalabro económico generado por el Covid-19, confirmó la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.
Eso significa que miles de contribuyentes locales deberán recibir dos cheques de hasta $1,000 cada uno del Servicio de Rentas Internas federal, el 6 de abril y el 18 de mayo, a través del correo.
Según González, la ayuda directa a los ciudadanos se encuentra dentro del conjunto de medidas de alivio a las pequeñas empresas y a las aerolíneas, y los pagos se harán según el ingreso de la persona y su composición familiar.
Esta sería la tercera ocasión en que los ciudadanos reciben una ayuda directa de estímulo financiero. La primera fue en 2008 bajo la administración de George Bush y en 2010 bajo la administración de Barack Obama.
La comisionada residente dijo que es prematuro conocer a cuánto ascenderá el bloque de fondos que se asigne a Puerto Rico, pero destacó que será una cifra significativa que beneficiará directa o indirectamente a casi todos los sectores económicos.
Además del envío de cheques a las familias, se contempla para la Isla un incremento en las partidas del Programa de Asistencia Nutricional, WIC, Medicare, ayudas para pacientes encamados e incapacitados y sus cuidadores, y pago por cinco comidas semanales por niño que cualifique, si es que la escuela se mantiene cerrada por más de cinco días. Asimismo, proponen inyectar $1,000 millones al seguro por desempleo, rescate a las líneas aéreas —del cual se pueden beneficiar las pequeñas que operan localmente— y unos $300,000 millones en préstamos y garantías de la Administración de Pequeños Negocios (SBA).
Aunque los préstamos se contemplan para poder cubrir pagos de nómina de hasta $1,540 por semana por empleado y durante ocho semanas, no están disponibles en la Isla. González explicó que para ello la gobernadora Wanda Vázquez debe cursarle una carta a SBA para indicar que toda la Isla ha sido afectada por la pandemia. “Le escribí una carta al respecto, pero no me ha contestado porque debe estar muy ocupada, pero esto tiene gran urgencia”, señaló la comisionada residente.
En el segmento hipotecario, se proyectan moratorias y detener los desahucios. “Esto unido a la reducción más baja del interés, hace del momento uno idóneo para la adquisición de propiedades, autos y otros activos o el refinanciamiento de las hipotecas. Todo esto aplica a la Isla, donde el 80 % de las hipotecas son FHA. Por eso es muy importante que se mantenga exenta la banca del toque de queda. La banca tiene que estar disponible para poder ayudar”, afirmó.
Industria farmacéutica
La comisionada informó, además, que está bien adelantado el proceso de traer y fortalecer la industria farmacéutica en territorio americano.
Indicó que la semana pasada abogó ante el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal, para que se considere a las farmacéuticas como un asunto de seguridad nacional.
“La producción, así como la investigación farmacéutica de medicamentos debe ser un asunto de salud y seguridad nacional y doméstico, y Puerto Rico tiene la experiencia y las facilidades para esto. Tenemos una gran huella y presencia farmacéutica en la Isla, donde se producen más de 50 medicamentos y productos críticos para la salud”, acotó González, quien entiende que será una gran oportunidad para que la Isla retome su sitial dentro de este segmento económico.
No a cerrar el aeropuerto
Aunque reconoce la necesidad de garantizar la seguridad de la Isla, González expresó su oposición al cierre del acceso aéreo doméstico, y advirtió que la carga llega a la Isla por aire y mar. Apuntó, además, que la industria farmacéutica es una de las que más utiliza ese acceso. “Tampoco se les puede olvidar que los aeropuertos domésticos se mantienen de fondos federales. Puedo entender limitar el acceso internacional, pero el doméstico es esencial para la Isla”, afirmó, y reiteró la importancia de mantener activas áreas medulares como salud, banca y sector privado.
El presiente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó hoy el proyecto de ley que ordena que las pruebas para detectar el coronavirus sean gratuitas y asigna $183 millones en fondos para Medicaid y asistencia alimentaria de emergencia para la Isla.
Según CBS News, el paquete de la fase dos también incluye seguro de desempleo estatal, y licencia médica, familiar y médica remunerada para trabajadores en empresas con 500 empleados o menos.
La mayoría de los trabajadores en el país trabajan en empresas con más de 500 empleados, muchos de los cuales ya ofrecen vacaciones pagadas.
El Senado consideró las enmiendas antes de avanzar con una votación el miércoles por la tarde.
El senador Ron Johnson, también republicano, ofreció una enmienda al proyecto de ley de la Cámara de Representantes que eliminaría el mandato de licencia remunerada al tiempo que ampliaba la elegibilidad para el seguro de desempleo para los trabajadores que pierden sus empleos durante la crisis. La enmienda de Johnson no recibió los votos necesarios para ser agregados al proyecto de ley.
Por otra parte, los beneficios a trabajadores y empresas aplicarán también a Puerto Rico, así lo indicó la comisionada residente, Jenniffer González Colón.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó esta madrugada el segundo proyecto de ley de respuesta a la propagación del coronavirus, el cual incluye fondos directos para Puerto Rico; esto, luego de que el presidente Donald Trump declarara una emergencia nacional para así hacerle frente a esta pandemia, anunció la comisionada residente, Jenniffer González Colón.
“La asistencia nutricional es crucial para la isla y el resto de los territorios. Necesitamos que nuestra gente cuente con los recursos necesarios para que se sientan preparados para enfrentar esta emergencia, y puedan tomar mejores decisiones”, dijo Jenniffer González Colón.
“Con varios casos confirmados en la Isla, este proyecto de ley proporciona una financiación sólida para atender y prevenir consecuencias mayores ante la propagación de este virus. Esto va desde proveer licencia por enfermedad pagada para que las personas puedan seguir los protocolos recomendados, incluyendo el aislamiento si presentan los síntomas o si han tenido contacto con alguien que ha dado positivo al coronavirus, hasta garantiza que habrá asistencia nutricional para disminuir el impacto de los afectados por el virus”, expresó la comisionada residente.
El H.R. 6201, Family First Coronavirus Response Act, incrementa en $182.9 millones los fondos de Medicaid. De igual forma aumenta la aportación federal por servicio prestado de Medicaid, o FMAP, de un 76% a un total de 82%.
Esto representa un aumento de 6.2% al FMAP actual, el cual la comisionada había logrado aumentar en el periodo de asignaciones para el año fiscal 2020. Esto significa que el gobierno de Puerto Rico solo tendría que aportar un 18% para empatar los costos de Medicaid.
Puerto Rico se beneficiará también de la asignación del $100 millones, repartidos entre los territorios, para el Programa de Asistencia Suplementaria (PAN).
“La asistencia nutricional es crucial para la isla y el resto de los territorios. Necesitamos que nuestra gente cuente con los recursos necesarios para que se sientan preparados para enfrentar esta emergencia, y puedan tomar mejores decisiones”, dijo González Colón. “El presidente Trump ha dejado claro que era importante disminuir el impacto negativo de esta enfermedad en el bolsillo de los trabajadores, para que nadie con los síntomas se vea obligado en tener que ir a trabajar”.
Además, esta medida permitirá que las pruebas para determinar si un paciente tiene el coronavirus sea gratuita, incluyendo aquellos que no cuentan con un plan asegurador y proporciona más de mil millones, proporcionará alimentos a mujeres embarazadas de bajos ingresos y madres con niños pequeños y ayudará a los bancos de alimentos locales y proporcionará comidas a domicilio a las personas mayores, quienes son los más vulnerables a este virus.
La medida también provee ayuda de desempleo para empleados cuyas funciones han sido suspendidas debido a la emergencia, así como para aquellos que agotan sus vacaciones pagadas.
La medida será vista en el Senado el lunes.
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