ayudas federales

La comisionada residente reiteró su postura de que, si “Puerto Rico fuese un estado, no tendríamos que recurrir a los tribunales”

La candidata a la reelección como comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se comprometió este martes con abogar por más fondos federales para combatir la trata humana, el narcotráfico, la violencia de género y los crímenes de odio.

Para lidiar con el narcotráfico, González dijo que trabajará en el Congreso para que la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) incluya a Puerto Rico en su estrategia bienal contra el narcotráfico en la frontera del Caribe.

Adelantó que propondrá legislación para codificar en ley federal el que ONDCP tenga que publicar una Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, enfocada en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

“Aseguraré que ONDCP implemente la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe 2020 recientemente publicada y que el gobierno federal asigne los recursos necesarios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes para llevarla a cabo. Velaré también por que esta importante herramienta de trabajo se actualice e incluya en futuras versiones de la Estrategia Nacional de Control de Drogas, como se requiere actualmente gracias a los esfuerzos que realicé junto a la congresista de Florida Stephanie Murphy”, dijo González Colón.

 
Igualmente, González dijo que ya discutió con el director de ONDCP, James “Jim” Carroll, la necesidad de que se le provea a la isla recursos adicionales para combatir el narcotráfico y el crimen.
 
Respecto a lo que se denomina como la Zona de Tránsito, un área de siete millones de millas cuadradas que incluye los corredores marítimos del oeste, González dijo que buscará que la evaluación sobre las amenazas en la frontera marítima de los Estados Unidos, se incluya a Puerto Rico.
 
“Utilizaré los hallazgos en este reporte, junto a la recién publicada Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, para que se provea un financiamiento robusto a los distintos programas federales como he conseguido a lo largo de este cuatrienio, que el gobierno federal fortalezca e incremente el apoyo al Caribbean Corridor Strike Force y que se procesen más casos federales en Puerto Rico contra organizaciones criminales transnacionales que operan en el Caribe”, dijo la comisionada.
 
Agregó que busca asegurar el financiamiento robusto para los programas federales que proveen fondos anuales a las agencias estatales y municipales de ley y orden que, junto a las agencias federales, ayudan a proteger la frontera del Caribe. Estos programas son el Byrne Justice Assistance Grant (Byrne JAG) Program, el Community Oriented Policing Services (COPS) Hiring Program, el Project Safe Neighborhood Program, el High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA) Program entre varios otros.

Para combatir la violencia de género, González dijo que su “compromiso es continuar abogando para que, a las instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro y agencias estatales relacionadas a los asuntos de la mujer se les sigan asignando los fondos necesarios para combatir la violencia doméstica, empoderar a las mujeres a salir adelante de cualquier relación de violencia”.

De paso, condenó los actos recientes de violencia de género y feminicidios.

“Esto es escalofriante y es una práctica que no podemos normalizar. A raíz de esta alarmante cifra y de los recientes casos de mujeres desaparecidas, le solicité al Fiscal Federal para Puerto Rico Stephen Muldrow, crear un grupo de trabajo federal compuesto de agencias federales y estatales, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de educación superior para atender la violencia y crímenes violentos contra la mujer, proponer medidas inmediatas y de largo plazo para proteger a las mujeres contra la violencia”, dijo.

13 de octubre de 2020, San Juan, Puerto Rico- La comisionada residente, Jenniffer  González Colón, presentó parte de su agenda en el área de seguridad enfocada en combatir el narcotráfico, asegurar asignaciones de recursos y fondos para programas anticrimen, así como prevenir la violencia contra la mujer, la trata humana, y los crímenes de odio.

Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe

Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos han sido explotados como destino y punto de transbordo para las drogas ilícitas, se estima que entre el 70 y el 80 porciento de las drogas que llegan a estas islas se trasladas a los estados continentales, elevando la criminalidad.

A raíz de esto y gracias a los esfuerzos del entonces comisionado residente, Pedro Pierluisi, en el 2014 el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal ordenó a la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) publicar una estrategia bienal contra el narcotráfico en la frontera del Caribe. En enero de 2015, se publicó la primera estrategia de este tipo. Sin embargo, ONDCP no había actualizado el documento desde entonces.

González Colón, logró junto a la congresista Stephanie Murphy que se publicara en junio pasado la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, actualizada que articula los esfuerzos e iniciativas del gobierno federal para reducir las amenazas de drogas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En ella, se establecen tres objetivos generales: contrarrestar las redes criminales, fortalecer las capacidades de interdicción y aplicación de la ley y abordar e identificar rutas específicas de transporte de drogas.

Entre varios puntos, el documento indica que históricamente las tasas de asesinatos en los dos territorios han estado entre las más altas de los Estados Unidos y que muchos, si no la mayoría, de los homicidios y otros crímenes violentos están relacionados con el narcotráfico. Según las agencias de ley y orden, aproximadamente el 65% de todos los asesinatos en Puerto Rico pueden estar relacionados con las drogas.

La comisionada propone presentar legislación para codificar en ley federal el que ONDCP tenga que publicar una Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, enfocada en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

“Aseguraré que ONDCP implemente la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe 2020 recientemente publicada y que el gobierno federal asigne los recursos necesarios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes para llevarla a cabo. Velaré también por que esta importante herramienta de trabajo se actualice e incluya en futuras versiones de la Estrategia Nacional de Control de Drogas, como se requiere actualmente gracias a los esfuerzos que realicé junto a la Congresista de Florida Stephanie Murphy”, dijo González Colón quien también buscará incrementar y fortalecer los recursos de ley y orden en Puerto Rico, incluyendo equipo, personal, tecnología y asistencia técnica y financiera.

Coordinación con el Zar Antidrogas de los Estados Unidos a Puerto Rico

 Luego de la publicación de la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe 2020, González Colón discutió con el Director de ONDCP, James “Jim” Carroll, su implementación y la necesidad de proveer recursos adicionales para combatir el narcotráfico y el crimen en Puerto Rico.

El llamado Zar Antidrogas del Presidente vino a la isla invitado por la comisionada quien le coordinó reuniones con las distintas agencias federales y locales de ley y orden. Al culminar la visita, el Director James Carroll expresó públicamente que su oficina trabajará para proveerle a las agencias federales y estatales los recursos necesarios para llevar a cabo una lucha efectiva contra estas amenazas, a lo que la congresista dará seguimiento.

Zona de Tránsito

La Zona de Tránsito, un área de siete millones de millas cuadradas que incluye los corredores marítimos del oeste del Océano Atlántico, el Mar Caribe, el Golfo de México y el este del Océano Pacífico, ha sido un área de gran preocupación para las autoridades federales por la actividad criminal a lo largo de esta zona.

Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos son las únicas dos jurisdicciones de la nación localizadas geográficamente dentro de la Zona de Tránsito y han sido explotados como punto de destino y transbordo de drogas ilícitas enviadas a tierra firme. Según la Guardia Costera, el tráfico de cocaína a través de la Zona de Tránsito alcanzó aproximadamente 2,700 toneladas en el año fiscal 2017, 2,892.4 en el 2018 y 2,226 en el 2019. En el 2017, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza confiscaron casi 66,000 libras de narcóticos en y alrededor de Puerto Rico de los carteles de la droga y traficantes, más que en cualquier otro año registrado.

La congresista logró la aprobación del H.R. 5869- Martime Border Security Review Act-de su autoría y el cual se convirtió en ley como parte del FAA Reauthorization Act of 2018, para que se realizara un análisis de las amenazas en la frontera marítima de los Estados Unidos. Esta evaluación incluye las amenazas terroristas y criminales a lo largo de la frontera marítima, las mejoras necesarias en los puertos marítimos para reducir la actividad delictiva y las vulnerabilidades actuales que impiden una seguridad fronteriza efectiva. El reporte fue sometido recientemente al Congreso para evaluación.

“Utilizaré los hallazgos en este reporte, junto a la recién publicada Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, para que se provea un financiamiento robusto a los distintos programas federales como he conseguido a lo largo de este cuatrienio, que el gobierno federal fortalezca e incremente el apoyo al Caribbean Corridor Strike Force y que se procesen más casos federales en Puerto Rico contra organizaciones criminales transnacionales que operan en el Caribe”, dijo la comisionada.

Recursos para combatir el crimen

González Colón ha logrado que se asignen recursos a la isla para combatir el crimen. Ejemplo de ello es que el Sector San Juan de la Guardia Costera cuenta con el mayor número de embarcaciones de respuesta rápida, 7 de las 38 que han sido comisionadas a través de la nación, mejorando así la capacidad para combatir el narcotráfico en Puerto Rico. Incluso, la comisionada es la madrina del séptimo fast response cutter asignado a la Isla, el USCGC Joseph Doyle.

Logró la inclusión de una enmienda de su autoría en la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2020 para expresar el sentir del Congreso que combatir las organizaciones criminales transnacionales y el narcotráfico de drogas en el Caribe es crítico para la seguridad nacional. Igualmente, indica que debe haber colaboración entre las agencias federales para mejorar las capacidades de monitoreo y maximizar la efectividad de las operaciones antidrogas en la región y que se deben asignar los recursos y equipos necesarios para apoyar e incrementar las operaciones antidrogas en el Caribe.

Consiguió que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal incluyera lenguaje para que las agencias federales de ley y orden den atención a la seguridad pública en Puerto Rico.

Además, abogó y aseguró fondos para la transición de helicópteros MH-65 a MH-60 en la Estación Aérea Borinquen de la Guardia Costera. Los helicópteros MH-60 mejorarán la efectividad de las misiones de seguridad fronteriza, de búsqueda y rescate. La congresista seguirá trabajando para garantizar que estos fondos se incluyan en el presupuesto final para el año fiscal 2021 acordado por la Cámara y el Senado federal.

González Colón busca asegurar el financiamiento robusto para los programas federales que proveen fondos anuales a las agencias estatales y municipales de ley y orden que, junto a las agencias federales, ayudan a proteger la frontera del Caribe. Estos programas son, , el Byrne Justice Assistance Grant (Byrne JAG) Program, el Community Oriented Policing Services (COPS) Hiring Program, el Project Safe Neighborhood Program, el High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA) Program entre varios otros. y.

En coordinación con la Oficina del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, González Colón se compromete a abogar por nuevas plazas de investigadores “Criminal Investigator Deputy U.S. Marshal” y por lo menos una plaza de inspector del Grupo de Operaciones Técnicas que estén asignados específicamente en el Task Force que sirve al Distrito de Puerto Rico; así como por la obligación de fondos para reclutar el personal necesario.

Alto a la violencia por género

En el 2019, la Policía de Puerto Rico reportó 5,896 casos de violencia doméstica en contra de la mujer; mientras que en lo que va del año 2020, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres reporta 4,018 casos de violencia doméstica en contra de la mujer. Igual de preocupante han sido los continuos secuestros de mujeres en los últimos meses.  

“Esto es escalofriante y es una práctica que no podemos normalizar. A raíz de esta alarmante cifra y de los recientes casos de mujeres desaparecidas, le solicité al Fiscal Federal para Puerto Rico Stephen Muldrow, crear un grupo de trabajo federal compuesto de agencias federales y estatales, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de educación superior para atender la violencia y crímenes violentos contra la mujer, proponer medidas inmediatas y de largo plazo para proteger a las mujeres contra la violencia. La creación de este grupo de trabajo fue anunciada la semana pasada junto con nuevas iniciativas y recursos asignados bajo el Violence Against Women Act (VAWA), adicionales a los que he conseguido durante estos últimos años”, dijo la comisionada quien es coautora de la ley bipartita para Reautorizar la Ley Debbie Smith (Ley Pública 116-104) que asigna fondos a estados y jurisdicciones para realizar análisis de muestras de ADN acumuladas de ofensores y víctimas de delitos incluidos los “rape kits”.

“Como vicepresidenta del Caucus de la Mujer en el Congreso, siempre he apoyado la igualdad y la seguridad de las mujeres. Como comisionada residente mi compromiso es continuar abogando para que, a las instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro y agencias estatales relacionadas a los asuntos de la mujer se les sigan asignando los fondos necesarios para combatir la violencia doméstica, empoderar a las mujeres a salir adelante de cualquier relación de violencia”, añadió la congresista quien mientras fue presidenta de la Cámara de Representantes en Puerto Rico, creó el Caucus de la Mujer.

González Colón también expresó su consternación por los crímenes de odio que han estado incrementando en la Isla. “Como coauspiciadora de la ley que otorgaría derechos iguales a la comunidad LGBTTQ, estoy consternada por los crímenes de odio y asesinatos que hemos visto recientemente en la Isla en contra de esta comunidad. Abogaré ante el Departamento de Justicia federal para que se identifiquen los recursos y se investiguen con más rigurosidad y celeridad los casos contra crímenes de odio utilizando las facultades del Matthew Shepard and James Byrd, Jr.  Hate Crimes Prevention Act que amplía la jurisdicción federal a investigar y llevar casos contra delitos violentos motivados por religión, raza, color, origen nacional, orientación sexual, identidad de género o discapacidad real o percibida de la víctima”.

Combatir la trata humana 

 La comisionada residente ha respaldado legislación (H.R. 467, H.R 295) liderado mesas de discusión, enviado misivas y abogado por financiamiento de iniciativas que combatan la trata humana tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

González Colón se comprometió en continuar defendiendo mayores recursos para agencias y programas claves en la lucha contra la trata humana y la explotación infantil como lo es la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) que lidera en la isla el Puerto Rico Crimes Against Children Task Force (PRCACTF), los Human Trafficking Programs de la Oficina para Víctimas de Delitos del Departamento de Justicia federal, como para esfuerzos a nivel internacional a través de los Anti- Trafficking Programs del Departamento de Estado federal y USAID.

La congresista explicó que a pesar de que existen programas federales para atender este mal social, según la data publicada por el Departamento de Justicia federal en su página de internet, en Puerto Rico ninguna organización o agencia ha recibido fondos bajo estos programas, al menos recientemente.

“Abogaré ante el Departamento de Justicia federal para que se considere proveer fondos bajo estos programas contra la trata humana en Puerto Rico. Sin embargo, reconociendo que dichos fondos tienen que ser solicitados directamente por las agencias y organizaciones, y que se adjudican de manera competitiva, abogaré para que el Departamento oriente sobre la disponibilidad de los programas y el proceso de solicitud”, culminó la congresista.

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5 de octubre de 2020- San Juan, Puerto Rico- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, presentó parte de su propuesta de salud que continuará trabajando en lo que sería su segundo cuatrienio en el Congreso, enfocada en el trato igual en los programas de salud a los ciudadanos americanos residentes en la isla, asegurar el financiamiento de los programas y darles un respiro a 200,000 personas, que actualmente no cuenta con un seguro de salud al extenderles la cubierta de Medicaid.

La primera legislación radicada por Jenniffer González Colón, cuando juramentó en el 2017, fue para asegurar el financiamiento del programa de la Tarjeta de Salud en Puerto Rico y los demás territorios, marcando el tema que sería una de sus prioridades en el Congreso, dedicándole mucho tiempo hasta conseguir en tres ocasiones aguantar el llamado “Medicaid Cliff”, consiguiendo asignaciones de fondos federales históricas y salvando la cubierta de salud de más de un millón de residentes en la isla.

Medicaid (la Tarjeta de Salud) es un programa operado por los estados y territorios para garantizarles a las personas de bajos ingresos una cubierta de seguro de salud. Este programa es fundamental para el sistema de salud de Puerto Rico, proveyendo cuidado a casi la mitad de la población, 1.3 millones de personas. La condición territorial de Puerto Rico les impide a los ciudadanos americanos residentes en la isla gozar de los beneficios en igualdad de condiciones, que los residentes de los estados bajo este programa.

Las diferencias más notables son la aportación por parte del gobierno federal, el tope de los fondos asignados, la cantidad de beneficios obligatorios aplicados a la isla y el por ciento en que se basa el nivel de pobreza.

El máximo de aportación federal por ley al programa de Meidcaid, conocido como el FMAP por sus siglas en inglés, es un 83% y se basa en el ingreso per cápita de cada estado. Para el 2020, el estado con la aportación federal más alta es Mississippi con 77.76%; mientras que el FMAP en Puerto Rico está establecido por ley en un 55%, una aportación menor.

La comisionada logró que la aportación federal luego de María fuera del 100% por dos años, luego logró que se aumentara de un 55% a un 76% por dos años y por el tiempo que dure la emergencia del Covid, aumentarla a un 6.2% adicional, un 82.2%. Estos beneficios expiran en el 2021; por lo que la comisionada se compromete a continuar trabajando para aumentar esa aportación estatutaria del 55% lo que le daría un respiro al gobierno de Puerto Rico que pudiera invertir esos fondos en otros programas. Estos incrementos conseguidos por la comisionada residente significan ahorros billonarios para el gobierno de Puerto Rico que puede invertir esos fondos para mejorar la cubierta a todas las personas que se benefician de la Tarjeta de Salud.

Contrario a los estados, Puerto Rico tiene un tope de $350 millones en la aportación federal para Medicaid que no alcanza para cubrir las necesidades en la isla, ni para proveer los beneficios mínimos que el programa de Medicaid requiere en los estados. Esto ha obligado a buscar otras alternativas de financiamiento y por lo tanto, que el estado haya enfrentado la amenaza de quedarse sin fondos al programa antes de tiempo.

La comisionada paró el llamado “Medicaid Cliff” en tres ocasiones, asegurando los fondos que financian la Tarjeta de Salud. En mayo del 2017 consiguió $295.9 millones para financiar Medicaid hasta abril 2018; en febrero del 2018 consiguió $4,800 millones para cubrir dos años; en diciembre de 2019 consiguió $5,700 por los próximos dos años, la cantidad más grande en la historia. La comisionada busca que se elimine el tope artificial (o “CAP”) del financiamiento del programa de la Tarjeta de Salud en Puerto Rico.

Dada a las limitaciones en el financiamiento del programa, en Puerto Rico solo aplican 10 de los 17 beneficios obligatorios de Medicaid, por esto, uno de los compromisos de la comisionada es continuar luchando por el trato igual en el financiamiento de los programas federales de salud para que se puedan ofrecer más de estos beneficios mandatorios en la isla como serían servicios de salud en el hogar, transportación a citas médicas, servicios de enfermeras práctica, centro de cuidado especializado de enfermería para personas mayores de 21 años, servicios de parteras y otros.

Otro efecto del límite de financiamiento federal es el uso por Puerto Rico, de una fórmula criolla del nivel de pobreza que excluye a miles de pacientes. Esta fórmula equivalente a un 40% del porciento de nivel de pobreza federal, algo que la comisionada continuara trabajando en su próximo cuatrienio

“Me comprometo en impulsar que se utilice el nivel de pobreza federal para determinar la elegibilidad en el Medicaid. Esto permitiría que aproximadamente 200,000 personas que no tienen un seguro médico en estos momentos ingresen a la Tarjeta de Salud. Estas serían, en su mayoría, familias trabajadoras de escasos recursos que ganan más de lo determinado para ser elegible para la Tarjeta de Salud, pero no suficiente para costear una cubierta médica. Estaríamos permitiendo que las personas no tengan que escoger entre trabajar o mantener un plan de salud”, explicó la comisionada

Equiparar el nivel de pobreza al federal, fue uno de los programas nuevos para los cuales la congresista consiguió fondos adicionales en el Further Appropriations Act, casi $350 millones anuales, y que no se pudo poner en vigor por objeciones de la Junta de Control Fiscal.

El programa de “Disproportionate Share Hospital” (DSH) compensa a hospitales que atienden un número desproporcional de pacientes de bajos ingresos, por los costos del tratamiento de estos pacientes que no están cubiertos por otros pagadores como Medicare, Medicaid, CHIP u otros planes médicos. Puerto Rico no goza de una asignación de Medicaid DSH para sus hospitales. La comisionada buscará que los hospitales en Puerto Rico reciban un trato justo para poder beneficiarse de los pagos de DSH y ya ha iniciado esta gestión.

La Parte B de Medicare es aquella que provee cubierta para citas médicas, servicios ambulatorios, equipo médico, diálisis entre otros servicios médicos preventivos. Contrario a los Estados Unidos, en Puerto Rico, los beneficiarios no quedan automáticamente inscritos y si no lo hacen en el periodo inicial de 7 meses, se les impone una penalidad de por vida del 10% de la prima por cada año de tardanza. La comisionada continuará trabajando para eliminar esta discriminación, ya ha presentado legislación como el HR 2310 Ley de Justicia en la Inscripción de la Parte B de Medicare de 2019.

Medicare Parte D es un beneficio voluntario de medicamentos recetados para pacientes ambulatorios para personas con Medicare, proporcionado a través de planes privados. Los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico no son elegibles para los subsidios federales que ayudan a costear las cubiertas opcionales de Medicare (Parte B y Parte D), conocido como el “Low Income Subsidy” (LIS) y del que se pudieran beneficiar en Puerto Rico aproximadamente sobre 500,000 personas.

El fondo para medicamentos que sustituye el “Low Income Subsidy” en Puerto Rico requiere del pareo de fondos del gobierno local y está sujeto a los límites del financiamiento federal de nuestro programa de Medicaid, a diferencia del subsidio disponible a los residentes de los estados. La comisionada continuará abogando por extender la disponibilidad de los subsidios a las cubiertas opcionales de Medicare a los residentes de Puerto Rico.

“Tomando en consideración el hecho que nuestra población de la tercera edad continua en aumento acelerado es necesario identificar fondos para mejorar los servicios de salud existentes e implementar nuevas tecnologías en materia salubrista. De igual manera, tenemos que hacerle justicia a cada puertorriqueño pues al tener igual responsabilidad con respecto al pago del seguro de Medicare, debe disfrutar de un trato igual en cuanto a los beneficios y dejar de ser ignorados y hasta penalizados en algunas circunstancias”, expresó González Colón.

Para el 2019, los pagos del Gobierno federal a los Planes de Medicare Advantage en Puerto Rico fueron los más bajos de toda la nación. La congresista buscará estabilizar la caída en los pagos a los Planes Medicare Advantage en Puerto Rico, para que a los proveedores de salud y hospitales reciban mejor paga, y los pacientes mejor cubierta. Hay quel ograr una solución permanente a este problema. Sobre el 70% de los pacientes con cubiertas A y B de Medicare en Puerto Rico, están suscritos a planes Medicare Advantage.

Esta iniciativa de González Colón para la que presentó legislación en ambos congresos HR 6809/ HR 813, cuenta con el respaldo de entidades como la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico, la Junta de Supervisión y la Administración Financiera de Puerto Rico, Centro Unido Detallistas, Asociación IPA; planes médicos, Medicaid y Medicare Advantage Products Association de Puerto Rico (MMAPA), Estadounidenses para la Reforma Tributaria, entre otros.

La comisionada se unió al Caucus Congresional de Enfermedades Raras, que ofrece una plataforma para familiarizar a los residentes en la isla sobre estas enfermedades, al igual que le permite a la congresista trabajar, evaluar y apoyar legislación que promueva la investigación y asignación de recursos bajo programas de salud a esta población. La comisionada buscará incluir a Puerto Rico en las iniciativas para identificar, investigar, diagnosticar, tratar y educar sobre enfermedades raras y abogará por que se atiendan adecuadamente las necesidades de estos pacientes.

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26 de septiembre de 2020- San Juan, Puerto Rico- Mover proyectos de infraestructura de aguas, optimizar la red eléctrica, asegurar recursos para construcción y mejoras a las carreteras, proyectos de control de inundaciones, maximizar el uso y agilizar el desembolso de fondos federales asignados son los pilares de la propuesta sobre infraestructura de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, para su segundo cuatrienio en el Congreso.

“Para los planes de desarrollo económico y social es indispensable contar con una infraestructura robusta, sólida y resiliente, como por ejemplo en el ámbito comercial como parte de mi propuesta de traer la manufactura y en el ámbito cotidiano como contar con unas carreteras en óptimas condiciones y protección de nuestras residencias y negocios de las inundaciones. El mantenimiento y construcción de la infraestructura son una fuente importante de empleos y un atractivo para la inversión. Por eso presento estas iniciativas donde apuesto a la infraestructura como motor económico y herramienta de justicia social”

Luego de la devastación causada a la infraestructura por el huracán María, la comisionada reenfocó su agenda en el Congreso para dar prioridad a la reconstrucción. Tanto fue así que luchó y consiguió formar parte del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal. Trajo a la isla a decenas de delegaciones con cientos de congresistas y miembros de la administración para que constataran los daños y se pudieran unir esfuerzos.

La comisionada logró asignaciones históricas para Puerto Rico: $45 mil millones en fondos federales para ayudas directas y acceso a otros miles de millones de dólares. Dentro de esta suma están: la asignación de fondos federales más grande que haya hecho el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) a la isla con $2.5 mil millones; la asignación más grande hecha por el Departamento de la Vivienda federal (HUD) en fondos de recuperación por desastre con $20 mil millones; y, además, este mes el presidente Trump anunció la tercera asignación por desastres más grande en la historia de FEMA, $11.6 mil millones, precisamente para infraestructura (red eléctrica y educación).

Inserción en proyecto para la reconstrucción nacional de la infraestructura

Se prevé que durante el próximo Congreso se discuta una medida para actualizar y mejorar la infraestructura para toda la nación bajo los principios de resiliencia y sostenibilidad. Teniendo la desventaja de ser una colonia, Puerto Rico no está incluido automáticamente en la asignación que les corresponde a los estados. La comisionada dijo que será prioridad para ella que Puerto Rico sea incluido en la legislación final, con una partida que equivalga a las necesidades y prioridades del territorio.

El objetivo de ser incluidos en dicha legislación es la construcción de viviendas y rehabilitación de viviendas existentes; construcción de carreteras, puentes y rehabilitación de los existentes; construcción, rehabilitación y reemplazo de infraestructura de los cuerpos de agua que brindan agua potable; construcción, rehabilitación y reemplazo de la infraestructura del sistema eléctrico; construcción, rehabilitación y reemplazo de facilidades que proveen servicios directos a la ciudadanía ya sean centros u oficinas gubernamentales del Gobierno Central o de municipios, así como hospitales, escuelas, alcantarillado, entre otros; implementación o expansión de cobertura de banda ancha; e implementar o expandir la transportación pública, así como promover conectividad con diferentes opciones de transportación.

Revitalización urbana y refuerzo en la transportación colectiva

Para atraer la actividad económica a los cascos urbanos, la comisionada propone un plan integrado. Para ello coordinará con HUD aumentar los recursos federales en el desarrollo de los centros urbanos y con los municipios y agencias estatales que estos tengan la ayuda necesaria para conocer y solicitar todos los fondos disponibles.

Además de completar y reforzar los sistemas de transportación colectiva que se puede hacer con programas federales como el Fixing America’s Surface Transportation Act (FAST Act)”, que se trabajará su extensión en el próximo Congreso, donde la congresista se compromete a trabajar por extender este programa y porque se le autoricen mayores recursos.

Ya en la versión sustitutiva del FAST Act que comenzó a trabajarse en este Congreso, el “INVEST in America Act”, la comisionada había logrado insertar cinco (5) de sus enmiendas que buscan fondos para proyectos de eficiencia de agua y energía, permitirle a Puerto Rico funcionar bajo los mismos estándares en ciertos programas de capacitación y seguridad en el transporte, acceso a data para entender las necesidades del tráfico, alentar proyectos de gestión y operaciones de sistemas de transporte multimodal o ecoamigables, entre otros.

La comisionada se compromete en insertar a Puerto Rico en esta ley lo que ayudaría como acceso a más fondos para mejoras y construcción de carreteras, aceras, caminos peatonales, carriles y caminos para ciclistas; mejoras a las facilidades del transporte público, rehabilitación, adquisición y diversificación de nueva flota de vehículos. Además de crear la infraestructura que provea la energía eléctrica o de gas natural, cual puede ser usada tanto para vehículos públicos, como llegar a acuerdos para proveer esta fuente de energía a flotas del sector privado.

Reconstrucción de la Red Energética

Para lograr el acuerdo entre FEMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por $10.5 mil millones y el acuerdo con el Departamento de Educación por $2.3 mil millones, la comisionada intervino directamente desde el Congreso para su aprobación y trabajó mano a mano con las agencias federales y la Casa Blanca para lograr la firma y acuerdo final.  La AEE tiene asignado $1.9 mil millones en fondos bajo el CDBG-DR del Departamento de Vivienda fedral (HUD) fondos adicionales para mejoras del sistema eléctrico para un total de $12.4 mil millones en inversión federal logrados en este cuatrienio.

La congresista trabajará no solo con el gobierno federal sino también con el gobierno estatal para lograr una infraestructura energética a la par con los tiempos y que asegure:

suplido energético confiable y estable que permita el desarrollo de la manufactura y el comercio; reducción de los costos a un nivel competitivo para la manufactura y justo para el pueblo; diversificación de las fuentes energéticas; la integración de la energía renovable junto con la conversión a gas natural de las plantas de combustión,; y la construcción de una red de transmisión y distribución capaz de recuperarse rápida y efectivamente de cualquier desastre y que reduzca los apagones constantes.

“Exigiré de las agencias federales responsables del área energética fiscalización efectiva de la reconstrucción del sistema con un sentido de urgencia. Me aseguraré que en este proceso los municipios, las comunidades y la AEE tengan acceso a las asignaciones y propuestas disponibles para el desarrollo de sistemas y redes con iniciativas innovadoras. Una combinación de los fondos ya asignados a través de FEMA, los Presupuestos Suplementarios y CDBG-DR, con los fondos de créditos y propuestas que se abran cada año, será vital para lograr esto”, explicó González Colón.

Efectividad de los abastos de agua

La también vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista se apresta a continuar trabajando con las agencias estatales en identificar asignaciones y préstamos federales para poner en efecto proyectos como el dragado periódico de todos los embalses, la protección de las cuencas hidrográficas de los embalses, mejoras a las plantas de filtración, entre otras.

González Colón logró que la isla tuviera acceso nuevamente a fondos bajo la Ley de Agua Potable federal. Además, se comprometió a continuar impulsando su medida el HR 6050 “Puerto Rico WaterSMART Grants Eligiblity Act”, incluido en el proyecto “Moving Forward Act” aprobado en la Cámara de Representantes, que proveería herramientas adicionales para mitigar los problemas de sequía, hacer mejoras a la infraestructura del agua, generando ahorros cuantificables, entre otros. Además, expresó que estará vigilante para que el acuerdo sobre los proyectos para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el gobierno federal se finalice lo antes posible y así construir una infraestructura moderna y eficiente para nuestro pueblo puertorriqueño.

Mitigación de riesgo de inundaciones

La comisionada ha logrado encaminar junto al Cuerpo de Ingenieros (USACE) trabajos para mitigar la amenaza de inundaciones, proveyendo seguridad a miles de familias en Puerto Rico, así como para inversionistas.

El Cuerpo de Ingenieros previo al 2017 había invertido $1.5 mil millones en obras en Puerto Rico durante múltiples décadas. Luego del huracán María, la comisionada logró que se asignara sobre $2.562 mil millones tan solo en la asignación suplementaria por desastre bajo el Bipartisan Budget Act 2018 (BBA2018). Estos fueron cubiertos al 100% por fondos federales, lo que permitió retomar muchos proyectos que llevaban años pendientes.

Proyectos que se iniciaron y continúan trabajándose: río La Plata – $500 millones, río Puerto Nuevo $1.585 mil millones, dragado puertos de Arecibo (completado) y Mayagüez (en proceso) $6 millones; proyectos de protección costera Parcelas Suárez, Loíza – $4.56 millones; proyectos completados: reparación de diques en Barceloneta – $5 millones y en Yauco – $2 millones, dragado de escombros en el rio Puerto Nuevo  $11.3 millones, quebrada Salud, San Germán – $2 millones.  

Estudios Completados y recomendación positiva del Jefe del Cuerpo: río Guayanilla; Estudio de $3 millones, completado – asignación próxima: lograr aprobación de $155 millones en presupuesto regular para construcción de obra; río Culebrinas (Aguada/Aguadilla); estudio de $400,000 completado – asignación próxima: lograr aprobación de $26.5 millones en presupuesto regular para construcción de obra.

Proyectos en la fase de planificación y prediseño: río Guanajibo (Mayagüez- Hormigueros) – $60 millones de BBA 2018; río Nigua (Salinas) –$60 millones de BBA 2018; río Grande de Arecibo – $82.9 millones bajo BBA 2018; el mejoramiento de la navegación por la Bahía de San Juan, por donde llega el 85% de nuestra carga importada – $40.6 millones

“Todavía hay otras cuyos estudios ya fueron realizados y esperan la determinación del Cuerpo y como Comisionada Residente me comprometo a que, si la recomendación resulta favorable trabajar con el Cuerpo de Ingenieros para lograr la aprobación de la obra, la asignación de fondos, una mejor proporción federal/local y para que estos sean prioridad para el Cuerpo de Ingenieros”, dijo González Colón.

El Caño Martín Peña- “Ecosystem Restoration Project”

En el 2017, la comisionada anunció $750,000, para adelantar el proyecto de restauración de ecosistema del Caño Martín Peña; en el Año Fiscal 2018, se otorgaron $849,000 bajo la cuenta de Investigaciones para continuar con la etapa de diseño. Además, González Colón ha asegurado lenguaje en legislación para asegurar las asignaciones de fondos, y se comprometió en continuar enfatizando e informando sobre la importancia de este proyecto para las ocho comunidades del Caño, el municipio de San Juan y municipios aledaños.

Este año, consiguió que el Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara aprobara su versión del WRDA 2020 e incluyera modificar la cantidad autorizada para que reflejara el costo obtenido por medio del estudio de viabilidad que concluyó en el 2016. Por tal razón, la versión de la Cámara de WRDA 2020 enmienda el lenguaje de autorización del 2007 y aumenta el costo autorizado para el Proyecto del Caño Martín Peña a $232,430,000.

Además, se incluyeron 3 proyectos de mitigación de riesgo de inundaciones para su terminación expedita y radicación de informe que son las fases previas a la planificación de construcción y diseño del Cuerpo de Ingenieros: río Guayanilla, río Grande de Manatí en Ciales; y río Culebrinas en Aguada y Aguadilla

Agilización y extensión de uso de los fondos federales:

La comisionada señaló que ha estado trabajando con el Comité de Asignaciones para monitorear el uso de los fondos CDBG-DR. De seguir acercándose la fecha límite para la utilización de los fondos conseguidos por la comisionada y ver que Puerto Rico necesita más tiempo para utilizarlos, se trabajará junto al Comité para extender el término de uso de fondos aún más. Hay que recordar que Puerto Rico tiene la asignación de fondos CDBG-DR más grande en la historia de este programa. Como bien ha indicado el señor Irving Dennis, el Principal Oficial Financiero de HUD, utilizar los fondos toma tiempo.

La congresista adelantó que presentará legislación para que los fondos CDBG-DR puedan ser utilizados por el estado para todas las necesidades insatisfechas sin importar el desastre que haya causado cada daño en particular.  Al igual que la fungibilidad de todos los fondos de emergencia que sean destinados para atender alguna emergencia producto de un desastre natural en las islas.

Seguirá impulsando garantizar los fondos necesarios para la recuperación de las partes afectadas por la devastación de los terremotos y también para la reconstrucción de infraestructura duradera y fondos para la ayuda alimentaria.

Para evitar problemas y dilaciones como las que venimos enfrentando desde los huracanes Irma y María en el desembolso de fondos federales para la reconstrucción, legislará en el Congreso para enmendar las secciones 406 y 428 de la Ley Stafford a los fines de que se pueda utilizar el pareo global (mejor conocido como “Global Match”) para los fondos de Asistencia Pública bajo estos programas. De esta manera, el gobierno no aportaría el 10% del costo de cada obra sino el 10% del desastre total y el mismo puede ser cubierto por cualquier partida sobrante de fondos federales tales como CDBG-DR.

Esto aliviaría la carga en el gobierno local, aceleraría el proceso de llegar acuerdos y el desembolso de todos los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) para proyectos de mitigación.

Finalmente, trabajará con el liderato congresional y con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés) a los fines de realizar una auditoría a las agencias federales FEMA y HUD para determinar si implementaron los mejores procesos para garantizar la utilización efectiva, eficiente y expedita de los fondos de reconstrucción, y determinar si tomaron acciones deliberadas o dirigidas a detener o retrasar las ayudas a Puerto Rico.

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Washington D.C. – Los fondos de asistencia alimentaria para Puerto Rico y los territorios incluidos en la resolución de presupuesto aprobada anoche en la Cámara baja federal, permitirán proveer alimentos a los estudiantes durante la pandemia del coronavirus, indicó hoy la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Anoche, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció la inclusión de $8,000 millones en fondos de asistencia nutricional para mitigar las consecuencias del COVID-19 en Estados Unidos y sus territorios, una de las demandas demócratas frente a los reclamos de los republicanos para añadir también asistencia a agricultores.

La comisionada sostuvo que con estos nuevos fondos el gobierno de Puerto Rico estará mejor preparado para ofrecer asistencia alimentaria a unos 280,000 estudiantes.

“A medida que Puerto Rico continúa combatiendo la pandemia de COVID-19, es vital que nuestros niños tengan el mismo acceso a toda la asistencia disponible que se brinda a los niños en el territorio continental de Estados Unidos”, indicó Vázquez Garced, en una carta del 5 de mayo dirigida al liderato del Congreso.

La resolución con respaldo del liderato del Congreso republicano y demócrata, así como de la Casa Blanca dejó fuera la petición del gobierno de Puerto Rico para reautorizar cerca de $1,000 millones en fondos de Medicaid que se perderían el 1 de octubre.

Tanto la comisionada González, como la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) habían solicitado autorizar fondos adicionales al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para asistir a las familias de los estudiantes de Puerto Rico, como se permite en los estados durante la emergencia del coronavirus bajo el programa conocido como P-EBT.

No se ha precisado la cantidad de fondos que recibiría la isla por medio de la resolución presupuestaria que busca evitar un cierre parcial del gobierno federal el 1 de octubre y que tiene aún que ser aprobada en el Senado estadounidense.

La comisionada González había solicitado el acceso a los fondos P-EBT desde abril.

“Por medio de P-EBT, los estudiantes afectados podrían recibir un dinero mensual equivalente al costo de las comidas que recibe por medio de comedores escolares que son financiadas por USDA. Esto sin duda ayudaría a incrementar la seguridad alimenticia durante la pandemia”, indicó la comisionada González.

 

La comisionada residente Jenniffer González Colón se expresó complacida este lunes con la decisión del juez federal juez William Young que determinó que negarle beneficios de tres programas federales que existen en los estados a los residentes de Puerto Rico es inconstitucional porque viola la igual protección de las leyes.

En declaraciones escritas, la funcionaria expresó que la resolución del magistrado “es una extensión natural de lo resuelto en el caso de Vaello Madero: que la exclusión de los residentes de Puerto Rico de los programas federales de beneficencia que están disponibles para los demás ciudadanos americanos es repugnante a los principios básicos” de la Constitución estadounidense.

González Colón reiteró su postura de que, si “Puerto Rico fuese un estado, no tendríamos que recurrir a los tribunales para corregir que se nos niegue ayuda por falta de fondos o por simplemente vivir en donde vivimos”. Asimismo, apuntó que “la Constitución no permite que el gobierno federal establezca programas de apoyo a los más necesitados y que establezca una ciudadanía de segunda clase al aplicarlos”.

La decisión de Young – asignado al Tribunal Federal de San Juan, aunque tiene su oficina en Massachusetts-, ordena al gobierno de Estados Unidos a que brinde acceso a los residentes de Puerto Rico a los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) y a los subsidios por bajos ingresos (LIS) de la parte D de Medicare, que cubre medicamentos recetados.

Este caso fue iniciado por nueve ciudadanos que presentaron una demanda en contra de los departamentos estadounidenses de Salud, Agricultura y el Seguro Social.

El tribunal aceptó una petición del gobierno federal para suspender la orden durante 60 días, con excepción del acceso inmediato a esos programas de los nueve demandantes.

“Como dije en mi comparecencia en el caso de Vaello-Madero: un ciudadano que padece necesidad padece de la misma necesidad viva en un Estado o en un territorio y diferenciarlos basado en donde residen no persigue ningún fin racional”, puntualizó la comisionada.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, catalogó como un paso “histórico” hacia la admisión de Puerto Rico como estado de la unión el fallo de hoy.

“Esta decisión del juez Young es una de carácter histórico porque reafirma la necesidad de brindarle igualdad a todos los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico y eso solo se logra mediante la estadidad. Esta decisión ayudará a nuestra gente de escasos recursos económicos, así como a nuestros envejecientes y personas con necesidades especiales a tener mayores herramientas para enfrentar sus situaciones”, comentó el líder legislativo mediante un comunicado de prensa.

“La implementación del programa SNAP para una familia de tres equivale a un aumento de ayuda a través del Programa de Asistencia Nutricional de alrededor de $500 mensuales, es un impacto millonario a nuestra economía y más ahora que estamos sufriendo los embates de la pandemia del COVID-19”, agregó el presidente de la Cámara.

Esta decisión, más allá de las ayudas, que son muy importantes, deja claro nuevamente que el gobierno federal reconoce la desigualdad que existe hacia Puerto Rico y que la misma se tiene que corregir de manera expedita. Esto, además, lleva un mensaje fuerte a los estadistas que ahora, más que nunca, tenemos que salir a votar por la estadidad en la consulta de noviembre. La igualdad está más cerca que nunca y este fallo histórico es otro indicativo de eso”, acotó Méndez.

Washington D. C. – Un proyecto de presupuesto aprobado hoy en la Cámara baja federal incluye $4.07 millones para trabajos de operación y mantenimiento de dragado de los canales de navegación del puerto de San Juan.

Otra de las medidas asigna $3.15 millones para el programa de carreteras de Puerto Rico.

Según la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, en el área de recursos de agua, el paquete presupuestario recomienda incluir siete nuevos proyectos en los planes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, dos de los cuales serían para la restauración de ecosistemas.

“Esto mejoraría las probabilidades de seleccionar proyectos pendientes en Puerto Rico, como lo es el Caño Martín Peña”, sostuvo la comisionada. También destacó una asignación de $126,000 para la inspección de proyectos completados por el Cuerpo de Ingenieros en Puerto Rico y otros $100,000 para inspeccionar los proyectos en general en la Isla.

Washington D.C.– La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, coincidió hoy con el director regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas inglés), Thomas Von Essen, en que Puerto Rico no está listo para hacerle frente a un desastre de envergadura.

“Definitivamente no está listo Puerto Rico para enfrentar un huracán o tormenta mayor”, indicó la comisionada, en un tuit, al hacer referencia a que a las 4:20 p.m. hoy había sobre 410,000 personas sin energía eléctrica tras el paso al sur de la isla de la tormenta Isaías.

González dijo que sectores de Puerto Rico quedaron sin servicio de energía eléctrica debido a “vegetación” que dañó una línea.

En una carta, con fecha del 14 de julio, Von Essen – cargo de la región 2 de FEMA que incluye a Puerto Rico-, indicó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que manifestó sus preocupaciones en una reunión cara a cara con el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer y el general retirado Marcelo Rolón, quien el 7 de julio fue designado por la gobernador como director interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Manejo de Desastres(NMEAD), ante la súbita renuncia el día antes del director José Burgos.

No obstante, dice Von Essen, cuatro semanas después de la reunión, ninguna de sus preocupaciones había sido atendida.

Unos 394,000 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y 150,000 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) continuaban al caer la noche del jueves sin los servicios básicos, debido a las averías reportadas ante el paso cercano de la tormenta tropical Isaías.

Durante una conferencia de prensa realizada hoy en la sede del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), el secretario de Estado, Elmer Román, detalló que los municipios más afectados por la falta de servicio de energía eléctrica son Ponce, Caguas y Mayagüez.

Washington D.C.– La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, defendió hoy la estadidad para Puerto Rico, en una audiencia en la que un subcomité del Congreso discutió la exclusión de los territorios estadounidenses del colegio electoral de Estados Unidos y el legado de racismo de la jurisprudencia federal sobre esas jurisdicciones.

La comisionada González sostuvo que en momentos en que se necesitaría una enmienda constitucional para permitir que los residentes de Puerto Rico puedan votar por el presidente de Estados Unidos, las alternativas políticas para la isla alcanzar democracia son la independencia, libre asociación y la estadidad.

“No nos deberíamos tener que mover a un estado para obtener democracia o igualdad”, indicó la comisionada González ante el subcomité sobre Elecciones de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que llevó a cabo una sesión para discutir el derecho al voto “en las Islas Vírgenes y los demás territorios”.

Tanto la presidenta del subcomité, Marcia Fudge (Ohio), como su colega demócrata G. K. Butterfield (Carolina del Norte), indicaron que esperan ver el día en que los territorios – cuya jurisdicción está en manos del Comité de Recursos Naturales-, tengan plenos derechos en el Congreso.

En la vista pública, los delegados de las Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte abogaron por la propuesta aprobada en marzo de 2019 en la Cámara de Representantes, incluida en un proyecto de ley que no ha avanzado en el Senado, para crear un Grupo de Trabajo del Congreso que estudie los cambios que deben adoptarse para garantizar la participación de los territorios, incluido Puerto Rico, en la elección del gobierno federal.

Cuando el gobierno de Donald Trump declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre de 2018, el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó que si los residentes de Puerto Rico quieren votar por el presidente de Estados Unidos o elegir miembros del Congreso con plenos derechos, pueden mudarse a un estado.

Trujillo mantuvo entonces – en aquella audiencia en que la CIDH examinó querellas presentadas por el exgobernador Pedro Rosselló González y el abogado Gregorio Igartúa-, que el gobierno de Trump considera que en Puerto Rico no hay consenso sobre el status. El presidente Trump ha rechazado la idea de convertir a Puerto Rico en un estado.

“Represento alrededor del 89% de la población total en los cinco territorios. Eso significa que represento 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses, con los mismos derechos (fundamentales) que los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Pero nosotros, y los residentes de los otros territorios, vivimos en jurisdicciones que constitucionalmente no pueden tener votos en el gobierno que no solo crea nuestras leyes nacionales sino que puede, y a veces lo hace, interviene con las leyes locales”, indicó González en su testimonio.

Mencionó en ese sentido la Ley Promesa, que en junio de 2016 impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.

La comisionada sostuvo que con el visto bueno del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la cláusula territorial de la Constitución estadounidense “convierte al Congreso en una legislatura súper territorial”.

“El Congreso puede delegar el ejercicio del gobierno propio al pueblo del territorio, pero todavía retiene el poder último para gobernarnos sobre todos los asuntos y puede recuperar el gobierno propio que ha delegado”, indicó González.

La comisionada afirmó que Estados Unidos fue fundado bajo el principio de que los territorios eventualmente se convertirían en un estado. “Esa política pública fue echada a un lado después de la Guerra hispanoamericana debido a prejuicios raciales y culturales. Había la preocupación de que si Puerto Rico era encaminado hacia la estadidad, Filipinas lo querría también”, agregó.

Los dos últimos proyectos de ley que ha presentado la comisionada residente en Washington impulsan convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado – aún sin derechos políticos, pero sujeto al pago de contribuciones sobre ingresos-, antes de ser admitido como el estado 51 de Estados Unidos.

En la audiencia de hoy también declararon los delegados de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, Guam, Michael San Nicholas, y las Islas Marianas del Norte, Gregorio Kilili Camacho Sablan, entre otros.

San Nicolas sostuvo que “es un deber que no tenemos la conveniencia de ignorar” la convocatoria a un referéndum en Puerto Rico sobre la propuesta de estadidad, vinculante o administrado por Estados Unidos, “o el reconocimiento de un Puerto Rico independiente”.

Plaskett indicó que no puede hablarse de la falta de derecho al voto en los territorios estadounidenses, sin aludir al racismo.

Recordó que la decisión más influyente de los Casos Insulares, Downes versus Bidwell (1901) describe a los residentes de Puerto Rico como “salvajes” o de una raza extranjera no inmersa “en los principios del derecho anglosajón”. Y subrayó que ese caso fue decidido por el mismo grupo de jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos que cinco años antes estableció la doctrina de segregación racial “separados pero iguales”, en el caso Plessy versus Ferguson.

“Sin embargo, incluso cuando los estudiosos del derecho han caracterizado los Casos insulares como ‘documentos centrales en la historia del racismo estadounidense’, las últimas tres administraciones (las de Donald Trump, Barack Obama y George W. Bush) han defendido los Casos Insulares”, subrayó Plaskett.

Al cerrar la audiencia, después de que el republicano Rodney Davis (Illinois), lamentó que la idea de crear un Grupo de Trabajo del Congreso para estudiar la participación de los residentes de los territorios en el colegio electoral estuviera dentro de un proyecto que no fue consultado con la minoría, la congresista Fudge ofreció legislar el asunto por separado, si ayuda a generar bipartidismo.

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