Washington D.C.– La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, defendió hoy la estadidad para Puerto Rico, en una audiencia en la que un subcomité del Congreso discutió la exclusión de los territorios estadounidenses del colegio electoral de Estados Unidos y el legado de racismo de la jurisprudencia federal sobre esas jurisdicciones.
La comisionada González sostuvo que en momentos en que se necesitaría una enmienda constitucional para permitir que los residentes de Puerto Rico puedan votar por el presidente de Estados Unidos, las alternativas políticas para la isla alcanzar democracia son la independencia, libre asociación y la estadidad.
“No nos deberíamos tener que mover a un estado para obtener democracia o igualdad”, indicó la comisionada González ante el subcomité sobre Elecciones de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que llevó a cabo una sesión para discutir el derecho al voto “en las Islas Vírgenes y los demás territorios”.
Tanto la presidenta del subcomité, Marcia Fudge (Ohio), como su colega demócrata G. K. Butterfield (Carolina del Norte), indicaron que esperan ver el día en que los territorios – cuya jurisdicción está en manos del Comité de Recursos Naturales-, tengan plenos derechos en el Congreso.
En la vista pública, los delegados de las Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte abogaron por la propuesta aprobada en marzo de 2019 en la Cámara de Representantes, incluida en un proyecto de ley que no ha avanzado en el Senado, para crear un Grupo de Trabajo del Congreso que estudie los cambios que deben adoptarse para garantizar la participación de los territorios, incluido Puerto Rico, en la elección del gobierno federal.
Cuando el gobierno de Donald Trump declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre de 2018, el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó que si los residentes de Puerto Rico quieren votar por el presidente de Estados Unidos o elegir miembros del Congreso con plenos derechos, pueden mudarse a un estado.
Trujillo mantuvo entonces – en aquella audiencia en que la CIDH examinó querellas presentadas por el exgobernador Pedro Rosselló González y el abogado Gregorio Igartúa-, que el gobierno de Trump considera que en Puerto Rico no hay consenso sobre el status. El presidente Trump ha rechazado la idea de convertir a Puerto Rico en un estado.
“Represento alrededor del 89% de la población total en los cinco territorios. Eso significa que represento 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses, con los mismos derechos (fundamentales) que los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Pero nosotros, y los residentes de los otros territorios, vivimos en jurisdicciones que constitucionalmente no pueden tener votos en el gobierno que no solo crea nuestras leyes nacionales sino que puede, y a veces lo hace, interviene con las leyes locales”, indicó González en su testimonio.
Mencionó en ese sentido la Ley Promesa, que en junio de 2016 impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.
La comisionada sostuvo que con el visto bueno del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la cláusula territorial de la Constitución estadounidense “convierte al Congreso en una legislatura súper territorial”.
“El Congreso puede delegar el ejercicio del gobierno propio al pueblo del territorio, pero todavía retiene el poder último para gobernarnos sobre todos los asuntos y puede recuperar el gobierno propio que ha delegado”, indicó González.
La comisionada afirmó que Estados Unidos fue fundado bajo el principio de que los territorios eventualmente se convertirían en un estado. “Esa política pública fue echada a un lado después de la Guerra hispanoamericana debido a prejuicios raciales y culturales. Había la preocupación de que si Puerto Rico era encaminado hacia la estadidad, Filipinas lo querría también”, agregó.
Los dos últimos proyectos de ley que ha presentado la comisionada residente en Washington impulsan convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado – aún sin derechos políticos, pero sujeto al pago de contribuciones sobre ingresos-, antes de ser admitido como el estado 51 de Estados Unidos.
En la audiencia de hoy también declararon los delegados de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, Guam, Michael San Nicholas, y las Islas Marianas del Norte, Gregorio Kilili Camacho Sablan, entre otros.
San Nicolas sostuvo que “es un deber que no tenemos la conveniencia de ignorar” la convocatoria a un referéndum en Puerto Rico sobre la propuesta de estadidad, vinculante o administrado por Estados Unidos, “o el reconocimiento de un Puerto Rico independiente”.
Plaskett indicó que no puede hablarse de la falta de derecho al voto en los territorios estadounidenses, sin aludir al racismo.
Recordó que la decisión más influyente de los Casos Insulares, Downes versus Bidwell (1901) describe a los residentes de Puerto Rico como “salvajes” o de una raza extranjera no inmersa “en los principios del derecho anglosajón”. Y subrayó que ese caso fue decidido por el mismo grupo de jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos que cinco años antes estableció la doctrina de segregación racial “separados pero iguales”, en el caso Plessy versus Ferguson.
“Sin embargo, incluso cuando los estudiosos del derecho han caracterizado los Casos insulares como ‘documentos centrales en la historia del racismo estadounidense’, las últimas tres administraciones (las de Donald Trump, Barack Obama y George W. Bush) han defendido los Casos Insulares”, subrayó Plaskett.
Al cerrar la audiencia, después de que el republicano Rodney Davis (Illinois), lamentó que la idea de crear un Grupo de Trabajo del Congreso para estudiar la participación de los residentes de los territorios en el colegio electoral estuviera dentro de un proyecto que no fue consultado con la minoría, la congresista Fudge ofreció legislar el asunto por separado, si ayuda a generar bipartidismo.
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