Jenniffer González presenta robusta propuesta de Seguridad bajo #AcciónPR

7 de mayo de 2024- San Juan, Puerto Rico- Jenniffer González Colón sigue enfocada presentando su Acción por PR en donde dio a conocer su décima propuesta como candidata a la gobernación, en esta ocasión para devolverle la seguridad a las familias en Puerto Rico.

Junto a la congresista estuvieron su candidato a comisionado residente, el capitán Elmer Román; Félix Pacheco quien es agente de la policía y candidato a representantes por el Distrito 9 de Toa Alta y Bayamón; Brenda Pérez candidata a senadora por Arecibo y exagente de la Policía; Pedro J. “Pellé” Santiago candidato a representante por el distrito 10 de Toa Baja y Cataño y exagente de la Policía); los candidatos a representante por Acumulación el doctor David Figueroa, Tatiana Pérez y  Roberto Lefranc Fortuño; los candidatos al Senado por Acumulación Marlene Maldonado y por el distrito de Ponce Nelson Cruz; y la exfiscal, licenciada Janet Parra.

“Ahora mismo, existe una desarticulación del aparato de seguridad. Han aumentado los asesinatos, los femicidios y casos sin esclarecer por falta de unidades investigativas y personal. Para ser efectivos, necesitamos sincronizar nuestros esfuerzos para buscar, fijar y erradicar organizaciones criminales. Necesitamos devolverle el sentido de seguridad a nuestras comunidades, a nuestra gente, para facilitar el desarrollo comunitario, y a nuestros comerciantes, para estimular el desarrollo económico. Hay que darle más herramientas tanto a la prevención, como a el esclarecimiento de los crimines. Para eso hace falta una estrategia de seguridad en donde se invierta en tecnología, que empleemos los fondos y activos federales y que nuestro personal de ley y orden tengan los equipos necesarios para hacer su trabajo, un salario y retiro digno”, expresó Jenniffer González.

“Por otro lado, he dicho durante la campaña que para atajar el creciente problema de violencia doméstica y femicidios que nos arropa en la isla, tenemos que implementar acciones concretas, no más declaraciones en papel que no protegen y verdaderamente apoyan a las víctimas, que no van a la raíz del problema”, precisó la candidata a la gobernación por el PNP.

Dentro de #AcciónPR las propuestas de seguridad de la también vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) incluyen:

  • Mejoraremos la planta física de los cuarteles y comandancias.

Se llevará a cabo la inversión de capital requerida para mejorar todas las áreas desde las celdas, hasta las áreas de trabajo de los policías; equipándolos con equipos tecnológicos   y se devolverá a los policías a las comunidades.

  • Equiparar a los policías con las herramientas y el equipo necesario para su seguridad y optimizar su rendimiento; se simplificarán los procesos de compra de equipo especializado.

La Ley de Armas de Puerto Rico (Ley Núm. 168-2019, según enmendada) establece que el dinero recaudado de las ventas de las armas incautadas y o entregadas al Depósito de Armas y Municiones de la Policía, se utilice para la compra de chalecos y otros equipos. Estos fondos, al igual que lo recaudado por la emisión de licencias de armas no ha sido transferido a la Policía. Se cumplirá con esta ley para que los oficiales de ley y orden estén equipados con patrullas inteligentes, body cams, chalecos antibalas, pistolas, municiones y demás equipo necesario para que puedan realizar sus funciones.

Se simplificarán los procesos de compra del equipo especializado, pre escogiendo suplidores exclusivos de los cuales se pueda comprar directamente sin tener que recurrir a la burocracia actual. Se evitarán los atrasos prolongados en los procesos de adjudicación de reparaciones de vehículos, estableciendo un proceso similar al que incluye el Código Municipal, que permite la contratación directa para reparaciones con un costo menor de $15,000. Además de asegurar el uso de todo fondo federal disponible para equipo de los policías.

  • Retiro digno para los policías.

La Ley Núm. 42-2024 enmendó la Ley de Máquinas de Juegos de Azar donde se dispone que el 60% de la recaudación y distribución de los ingresos de las máquinas de juegos de azar se destinen para mejorar la compensación del Retiro de la Policía. También establece un pago mínimo de retiro para los policías del 50% de su ingreso, determinado anualmente dependiendo del balance del Fideicomiso.

González Colón fue enfática que fiscalizará la implementación de esta ley para asegurar que los recaudos lleguen para solventar el fideicomiso y hacerles justicia a los policías. Y añadió que se evalúan alternativas adicionales para robustecer el fideicomiso del retiro de los policías y maximizar el pago de retiro, de una manera que sea fiscalmente responsable.

  • Optimizar la operación del Departamento de Seguridad Pública eliminando a la Policía de la sombrilla

La razón para crear el Departamento de Seguridad Pública (DSP) fue integrar varios componentes que administran la seguridad pública en Puerto Rico y permitirles compartir personal y gastos administrativos y ser eficientes.  Sin embargo, al momento no se han integrado los servicios administrativos de los negociados, ni se han reducido las burocracias de sus servicios por lo que no ha habido un verdadero ahorro en gastos y más complicaciones que cohesión. De igual forma no existe una integración en comunicación, tecnología y operaciones que facilite la fluidez de los servicios que deben brindar.

La propuesta incluye que se implemente la centralización de las funciones administrativas de todos los negociados en el DSP; la creación de una oficina especializada para la gestión de solicitud, manejo y monitoreo de Fondos Federales; y el reclutamiento de policías liberados para así liberar a los cerca de 1,300 uniformados que realizan trabajos administrativos, de servicios al ciudadano, y en retenes.

  • Actualizar y reactivar los acuerdos con las agencias federales para mejores oportunidades de capacitación y maximizar los recaudos de las confiscaciones

Se actualizará y reactivarán acuerdos con las agencias federales para proveer mejores oportunidades de entrenamiento y capacitación al personal de seguridad pública y maximizar los recaudos de las confiscaciones que pueden ser utilizados para proveer mejores herramientas de trabajo al personal de seguridad.

  • Facilitar el reclutamiento de estudiantes de escuela superior a la Academia de la Policía

Para acelerar el entrenamiento e ingresos de nuevos agentes a la Policía, se establecerá programas a nivel de escuela superior para que los estudiantes que tengan planes de ingresar a la Academia de la Policía puedan adelantar los créditos universitarios que necesitaran para graduarse de la Academia.

  • Enmendar el Código Municipal de Puerto Rico (Ley Núm. 107-2020 según enmendada) para extender la jurisdicción de la Policía Municipal al interior de los transportes colectivos que transitan dentro de su jurisdicción.

Ahora mismo, la Autoridad de Transporte Publico le paga a una compañía privada para que provea seguridad en el interior del Tren Urbano. Si se extiende la jurisdicción de la Policía Municipal para que puedan proveer seguridad en el interior del trasporte colectivo que transita por la extensión territorial del Municipio, al ATI podría firmar acuerdos de colaboración con la Policía Municipal de Guaynabo, de San Juan y de Bayamón y redirigir los fondos que ahora se le pagan a un ente privado a mejor beneficios y equipo para los policías municipales.

  • Invertir en tecnología para cerrar la brecha entre las necesidades operacionales y falta de personal, propiciar un mejor intercambio de información y una mayor integración operacional entre los componentes del DSP y poder combatir el crimen utilizando todos los recursos disponibles.

Los sistemas actuales de los componentes del DSP no están sincronizados, lo que evita actuar sobre inteligencia recibida en tiempo real y ocasiona que se trabaje de manera reactiva en vez de proactiva. Para ello se uniformarán los equipos de comunicación, se estandarizarán las bandas de frecuencia de transmisión para que exista una comunicación efectiva entre todos los componentes del DSP al momento de atender situaciones que envuelvan más de un negociado.

Se ordenará la creación de una base de datos que ayudarán a analizar el comportamiento de las organizaciones criminales y adelantarse para atajar futura actividad criminal Se expandiremos el uso de cámaras con capacidad de reconocimiento facial, que lean las tablillas de los vehículos y que se pueda localizar personas o vehículos de interés. Para esto, se establecerán acuerdos con municipios y entidades privadas para que la Policía tenga acceso a sus cámaras en tiempo real y puedan accionar más rápidamente.

  • Atención a la salud emocional

Se adoptarán programas para atender el bienestar de los servidores públicos de seguridad y así ayudar al personal a bregar con el alto estrés que causa su trabajo.

Por otro lado, ya existen programas de bienestar dirigidos al componente de ley y orden que pueden ser fácilmente adaptados a Puerto Rico. También existen las subvenciones federales y de organizaciones privadas para financiar estos programas.

  • Establecer un programa funcional de apoyo a la víctima de violencia doméstica que vaya desde su traslado a un lugar tranquilo seguro y cómodo, con personal capacitado que lo ayude a canalizar las ayudas disponibles

Se establecerá un programa funcional de apoyo a la víctima de violencia doméstica para que, cuando acuda a un cuartel buscando ayuda, sea trasladada de inmediato a un lugar designado más tranquilo seguro y cómodo para continuar su trámite legal, donde podrá recibir asistencia en un ambiente menos aterrador e intimidante que un cuartel de la Policía. Allí, la persona será recibida por un trabajador social o un intercesor judicial que pueda:

  • Acompañar a la víctima durante su entrevista con la policía y la fiscalía (de ser necesario);
  • Explicarle qué va a pasar durante el proceso judicial y los derechos que le asistirán con la orden de protección (o sea, qué hacer con la orden, dónde entregarla para asegurarse de que el agresor no pueda acercarse a ella, etc.);
  • Establecer un plan de seguridad;
  • Identificar y coordinar las ayudas disponibles y necesarias con los componentes del gobierno y entidades del tercer sector;
  • Asistir a la víctima a presentar órdenes de protección a través de la Sala Municipal Virtual y acompañarla durante el proceso judicial.
  • Allí, la víctima también puede descansar, comer y velar sus niños en un lugar privado y seguro mientras se concluyen los trámites judiciales y se coordina ayuda necesaria.

De este modo, se asegura que la víctima tiene el apoyo necesario durante el proceso y que se le proveerá las herramientas disponibles para no sentirse desamparada una vez obtenga la orden de protección. Existe fondos federales para este tipo de programa y el Departamento de Justicia ya tiene una Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos a través de la cual se puede canalizar este programa. Por otro lado, entidades del tercer sector que trabajan estos asuntos pueden ayudar a maximizar los recursos disponibles.

  • Estableceremos un curso mandatorio en las escuelas sobre manejo de emociones.

El curso incluirá el manejo de coraje, para darle las herramientas a la próxima generación para canalizar sus emociones con otros métodos de expresión en lugar de utilizar la violencia.

  • Actualizaremos las leyes que disponen para programas de desvío para asegurarnos de que los mismos sean probados y estén basados en evidencia.
  • Establecer campañas mediáticas sobre conductas apropiadas y civismo.
  •  Abonar al reclutamiento eliminando las barreras económicas que surgen de sus traslados a Puerto Rico.

Para incentivar el reclutamiento en Puerto Rico, muchas agencias federales proveen bonificaciones y asistencia con gastos para agentes que escogen mudarse y traer sus familias a Puerto Rico. Ahora bien, todas estas asistencias y bonificaciones cuentan como ingreso bajo las leyes locales, lo que aumenta la responsabilidad contributiva de estos agentes, aniquilando el efecto que persiguen las bonificaciones y los incentivos que proveen las agencias federales.

Se buscará corregir esta situación eximiendo de tributación local estas bonificaciones y asistencias; además de trabajar de la mano con las agencias federales para buscar nuevas maneras de hacer a Puerto Rico un destino más atractivo para los agentes federales y sus familias.

  • Dar a los testigos el trato que merecen.

Los testigos y las víctimas de delitos arriesgan su vida para que se puedan procesar los delitos y el sistema de justicia debe reconocer esos sacrificios, por lo menos, tratándoles dignamente. El albergue de testigos no está en condiciones de albergar, no se ofrece el alojamiento, alimentos y atenciones que merecen los testigos. Por lo que se buscará ofrecerles a testigos y las víctimas de delitos el trato que se merecen, mejorando las condiciones del albergue y utilizando otras facilidades para su alojamiento en un lugar cómodo y seguro.

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