Washington D. C. – Un proyecto de presupuesto aprobado hoy en la Cámara baja federal incluye $4.07 millones para trabajos de operación y mantenimiento de dragado de los canales de navegación del puerto de San Juan.

Otra de las medidas asigna $3.15 millones para el programa de carreteras de Puerto Rico.

Según la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, en el área de recursos de agua, el paquete presupuestario recomienda incluir siete nuevos proyectos en los planes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, dos de los cuales serían para la restauración de ecosistemas.

“Esto mejoraría las probabilidades de seleccionar proyectos pendientes en Puerto Rico, como lo es el Caño Martín Peña”, sostuvo la comisionada. También destacó una asignación de $126,000 para la inspección de proyectos completados por el Cuerpo de Ingenieros en Puerto Rico y otros $100,000 para inspeccionar los proyectos en general en la Isla.

Washington D.C.– La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, coincidió hoy con el director regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas inglés), Thomas Von Essen, en que Puerto Rico no está listo para hacerle frente a un desastre de envergadura.

“Definitivamente no está listo Puerto Rico para enfrentar un huracán o tormenta mayor”, indicó la comisionada, en un tuit, al hacer referencia a que a las 4:20 p.m. hoy había sobre 410,000 personas sin energía eléctrica tras el paso al sur de la isla de la tormenta Isaías.

González dijo que sectores de Puerto Rico quedaron sin servicio de energía eléctrica debido a “vegetación” que dañó una línea.

En una carta, con fecha del 14 de julio, Von Essen – cargo de la región 2 de FEMA que incluye a Puerto Rico-, indicó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que manifestó sus preocupaciones en una reunión cara a cara con el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer y el general retirado Marcelo Rolón, quien el 7 de julio fue designado por la gobernador como director interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Manejo de Desastres(NMEAD), ante la súbita renuncia el día antes del director José Burgos.

No obstante, dice Von Essen, cuatro semanas después de la reunión, ninguna de sus preocupaciones había sido atendida.

Unos 394,000 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y 150,000 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) continuaban al caer la noche del jueves sin los servicios básicos, debido a las averías reportadas ante el paso cercano de la tormenta tropical Isaías.

Durante una conferencia de prensa realizada hoy en la sede del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), el secretario de Estado, Elmer Román, detalló que los municipios más afectados por la falta de servicio de energía eléctrica son Ponce, Caguas y Mayagüez.

La comisionada residente en Washington D.C., Jennifer González, reaccionó esta tarde a la decisión del Departamento de Justicia Federal de no aprobar la asignación de $2.5 millones para celebrar la consulta de “Estadidad Sí o No” en las próximas elecciones generales, pautadas para el 3 de noviembre.

“El plebiscito va con o sin el aval del Departamento de Justicia federal porque la democracia para el pueblo no puede esperar por la burocracia del gobierno federal y mucho menos de cualquier deseo de que no pase nada y nos quedemos en la colonia. Esa es la fácil para algunos”, expresó en declaraciones escritas.

“El Congreso autorizó los fondos en el 2014 para que nos expresáramos y desde entonces Justicia federal juega al no desembolso para que sigamos resbalando en el bache colonial”, sostuvo.

Asimismo, mencionó los últimos plebiscitos y sus resultados favoreciendo la anexión; pese a que se ha cuestionado la validez de los resultados debido a la baja participación de electores, entre otros factores.

“Nuestra isla está lista ya. Desde el 2012 cuando el 54% votó en contra del territorio y el 61% escogió la estadidad, allí quedó claro el camino y la decisión del pueblo. En el 2017 el gobernador Rosselló sometió y siguió todo el proceso para un plebiscito federal e hicieron lo mismo en Justicia. El 97% de los votantes escogió la estadidad. Ya el pueblo habló una y otra vez”, continuó.

Además, criticó la gestión de Justicia federal, diciendo que no hacen valer el derecho de los puertorriqueños.

“El Departamento de Justicia federal es el llamado a defender nuestros derechos como ciudadanos americanos e históricamente hace lo contrario. Primero validando los casos insulares que discriminan contra los puertorriqueños y segundo cada vez que pueden en los tribunales obstaculizando el trato igual a nuestra gente en programas federales. Ya está bueno de aquellos que juegan con las aspiraciones del pueblo haciendo creer que vivimos en un estatus digno. ¡No!”, dijo.

Continuó la misiva expresando que “vivimos con las manos y la esperanza amarrada a ver que nos envían del Congreso para fondos, pero no le damos a la gente el derecho a vivir dignamente ni al disfrute de sus oportunidades. Más del 43% de la isla vive en la pobreza y aún así hay políticos que prefieren jugar a la república”.

“Yo no le voy a pedir permiso a nadie y menos a Justicia para reclamar mis derechos como ciudadana americana. Tampoco pidieron permiso los afroamericanos que lucharon contra la segregación y discriminación en la nación; ellos tuvieron que abrirse paso en contra del Departamento de Justicia. Tampoco voy a mudarme de mi isla para lograrlo; lo haré con mi voto, con el reclamo de un pueblo que pide igualdad plena y que sabe que el futuro de Puerto Rico es la Estadidad”, finalizó.

 

The right of all Americans to vote for the U.S. president – whose actions impact those living in the territories as much as it does the lives of citizens in the states – was discussed early Wednesday morning.

It was the first time that voting rights for Americans living in the U.S. territories was discussed by the House Administration Subcommittee on Elections. The subcommittee has tackled common voting rights’ issues, like voter identification and voting by mail.

Guam Del. Michael San Nicolas, Commonwealth of the Northern Mariana Islands Del. Gregorio Sablan, Del. Stacey E. Plaskett of the Virgin Islands and Resident Commissioner Jenniffer González-Colón of Puerto Rico took part in the discussion.

San Nicolas said he’s hoping the collective testimonies make a strong case for the territories to have a clear path forward. He noted that while Puerto Rico should clearly have its territorial status reconciled as either a full state or an independent country, Guam and the other smaller territories “certainly need more representation to include delegates to the Senate and an electoral college vote similar to that extended to Washington D.C.”

Equal protection, representation

During the hearing, San Nicolas said the lack of voting rights means “the framework of our constitution, and the case law of our courts, have not caught up to what we today would expect to be an America standard – that every American living in America should be equally protected and represented as Americans.”

“The challenge before us today is how to address this,” he stated. “History has shown that it was never the intent of this republic to perpetually maintain territories. Every American territory before 1898 had a very distinct path into the union, and what was consistent in all paths was a deliberate attempt to invest in their eventual inclusion.”

Sablan noted that the CNMI was able to hold an election after the second worst typhoon in U.S. history.

“If the people of the Marianas can hold an election even after the second worst typhoon in United States history, surely America can maintain this cornerstone of our democracy even in the midst of the coronavirus pandemic,” Sablan said.

One other common thread among the territories is the high military enrollment numbers. González-Colón noted that these men and women who serve the flag have no voice in Congress and have no ability to vote for the president.

“I represent 3.2 million citizens with the same right as American citizens in the states, but we and the residents of other territories live in jurisdictions that constitutionally cannot have votes in the government that not only makes our national laws but can and sometimes does intervene in local laws,” she said. “Congress has this power because of the constitution territorial clause, which makes Congress our super-territorial Legislature. Congress can delegate the exercise of self-government to a territory but it still ultimately possesses the power to govern us.”

-Jenniffer González Colón

‘Race and racism’

Plaskett also noted another facet she sees in the denial of voting rights.

“One cannot discuss voting rights and disenfranchisement in the territories without talking about race and racism,” Plaskett said.

“The unincorporated territories of the Virgin Islands of the United states, a possession, is the most structural example of systemic racism. That system permeates the legal status, as well as the economic, political and educational structure that keeps the disparity between us and the mainland. It manifests itself as a position of exclusion of the people living in the Virgin Islands from equitable treatment.”

Neil Weare, president and founder of Equally American, a nonpartisan public interest law organization that works to advance equality and voting rights in U.S. territories, called the discussion historic, in that it elevates discussion within Congress as well as civil rights organizations.

Washington D.C.– La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, defendió hoy la estadidad para Puerto Rico, en una audiencia en la que un subcomité del Congreso discutió la exclusión de los territorios estadounidenses del colegio electoral de Estados Unidos y el legado de racismo de la jurisprudencia federal sobre esas jurisdicciones.

La comisionada González sostuvo que en momentos en que se necesitaría una enmienda constitucional para permitir que los residentes de Puerto Rico puedan votar por el presidente de Estados Unidos, las alternativas políticas para la isla alcanzar democracia son la independencia, libre asociación y la estadidad.

“No nos deberíamos tener que mover a un estado para obtener democracia o igualdad”, indicó la comisionada González ante el subcomité sobre Elecciones de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que llevó a cabo una sesión para discutir el derecho al voto “en las Islas Vírgenes y los demás territorios”.

Tanto la presidenta del subcomité, Marcia Fudge (Ohio), como su colega demócrata G. K. Butterfield (Carolina del Norte), indicaron que esperan ver el día en que los territorios – cuya jurisdicción está en manos del Comité de Recursos Naturales-, tengan plenos derechos en el Congreso.

En la vista pública, los delegados de las Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte abogaron por la propuesta aprobada en marzo de 2019 en la Cámara de Representantes, incluida en un proyecto de ley que no ha avanzado en el Senado, para crear un Grupo de Trabajo del Congreso que estudie los cambios que deben adoptarse para garantizar la participación de los territorios, incluido Puerto Rico, en la elección del gobierno federal.

Cuando el gobierno de Donald Trump declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre de 2018, el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó que si los residentes de Puerto Rico quieren votar por el presidente de Estados Unidos o elegir miembros del Congreso con plenos derechos, pueden mudarse a un estado.

Trujillo mantuvo entonces – en aquella audiencia en que la CIDH examinó querellas presentadas por el exgobernador Pedro Rosselló González y el abogado Gregorio Igartúa-, que el gobierno de Trump considera que en Puerto Rico no hay consenso sobre el status. El presidente Trump ha rechazado la idea de convertir a Puerto Rico en un estado.

“Represento alrededor del 89% de la población total en los cinco territorios. Eso significa que represento 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses, con los mismos derechos (fundamentales) que los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Pero nosotros, y los residentes de los otros territorios, vivimos en jurisdicciones que constitucionalmente no pueden tener votos en el gobierno que no solo crea nuestras leyes nacionales sino que puede, y a veces lo hace, interviene con las leyes locales”, indicó González en su testimonio.

Mencionó en ese sentido la Ley Promesa, que en junio de 2016 impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.

La comisionada sostuvo que con el visto bueno del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la cláusula territorial de la Constitución estadounidense “convierte al Congreso en una legislatura súper territorial”.

“El Congreso puede delegar el ejercicio del gobierno propio al pueblo del territorio, pero todavía retiene el poder último para gobernarnos sobre todos los asuntos y puede recuperar el gobierno propio que ha delegado”, indicó González.

La comisionada afirmó que Estados Unidos fue fundado bajo el principio de que los territorios eventualmente se convertirían en un estado. “Esa política pública fue echada a un lado después de la Guerra hispanoamericana debido a prejuicios raciales y culturales. Había la preocupación de que si Puerto Rico era encaminado hacia la estadidad, Filipinas lo querría también”, agregó.

Los dos últimos proyectos de ley que ha presentado la comisionada residente en Washington impulsan convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado – aún sin derechos políticos, pero sujeto al pago de contribuciones sobre ingresos-, antes de ser admitido como el estado 51 de Estados Unidos.

En la audiencia de hoy también declararon los delegados de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, Guam, Michael San Nicholas, y las Islas Marianas del Norte, Gregorio Kilili Camacho Sablan, entre otros.

San Nicolas sostuvo que “es un deber que no tenemos la conveniencia de ignorar” la convocatoria a un referéndum en Puerto Rico sobre la propuesta de estadidad, vinculante o administrado por Estados Unidos, “o el reconocimiento de un Puerto Rico independiente”.

Plaskett indicó que no puede hablarse de la falta de derecho al voto en los territorios estadounidenses, sin aludir al racismo.

Recordó que la decisión más influyente de los Casos Insulares, Downes versus Bidwell (1901) describe a los residentes de Puerto Rico como “salvajes” o de una raza extranjera no inmersa “en los principios del derecho anglosajón”. Y subrayó que ese caso fue decidido por el mismo grupo de jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos que cinco años antes estableció la doctrina de segregación racial “separados pero iguales”, en el caso Plessy versus Ferguson.

“Sin embargo, incluso cuando los estudiosos del derecho han caracterizado los Casos insulares como ‘documentos centrales en la historia del racismo estadounidense’, las últimas tres administraciones (las de Donald Trump, Barack Obama y George W. Bush) han defendido los Casos Insulares”, subrayó Plaskett.

Al cerrar la audiencia, después de que el republicano Rodney Davis (Illinois), lamentó que la idea de crear un Grupo de Trabajo del Congreso para estudiar la participación de los residentes de los territorios en el colegio electoral estuviera dentro de un proyecto que no fue consultado con la minoría, la congresista Fudge ofreció legislar el asunto por separado, si ayuda a generar bipartidismo.

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