Tras cuatro años de haberse propuesto la eliminación de las leyes de cabotaje aéreo, finalmente el Departamento de Transportación federal (DOT) flexibilizó las reglas de carga aérea con relación a Puerto Rico, concediendo una exención de dos años.
La aprobación de esta solicitud permite que las compañías aéreas extranjeras realicen ciertos servicios de transferencia de carga y pasajeros en los aeropuertos internacionales en Puerto Rico. A su vez, podría atraer servicios de transportistas aéreos extranjeros nuevos o adicionales a los aeropuertos, lo que podría resultar beneficioso para el País en el ámbito económico.
En entrevista con EL VOCERO, la comisionada residente Jenniffer González aseguró que la exención es un triunfo logrado a través de la unión de esfuerzos entre su oficina, el gobierno estatal y la empresa privada. “Para Puerto Rico es muy importante ya que nos da acceso a pasajeros y carga internacional, a la vez que nos permitirá manejar el traslado de manufactura y equipo médico como medidas de desarrollo económico”, sostuvo.
Reconoció que todavía falta un periodo de comentarios que tendrá lugar del 4 al 11 de marzo para ver si se da paso a la medida.
“Agradezco a la secretaria del Departamento de Transportación federal, Elaine Chao, y al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, por su trabajo y esfuerzo en conjunto para lograrlo. Igualmente a la Coalición del Sector Privado, que me respaldó en esta iniciativa desde el día uno”, señaló.
“A principios de mes, convoqué a representantes del sector privado y el gobierno estatal para dar seguimiento a las gestiones para convertir a Puerto Rico en un centro de carga aérea. Ya había logrado que se convirtiera en ley el estudio de viabilidad que realiza el GAO (Oficina de Responsabilidad del Gobierno)”, agregó González.
Factores que influyeron
La determinación del DOT —que representa un alivio para Puerto Rico— fue basada en la ubicación geográfica y la situación económica de la Isla, principalmente después del huracán María. Este tipo de alivio fue otorgado anteriormente a Alaska, Hawái, Guam y las Islas Marianas del Norte.
La agencia federal reconoce, además, que el servicio aéreo es de vital importancia para Puerto Rico y que depende en gran medida del transporte aéreo como un elemento vital de su economía.
En la solicitud, Puerto Rico proporcionó evidencia específica del impacto negativo que su economía ha sufrido después del huracán María y por otras razones.
“Ninguna de las partes opuestas desafiaron persuasivamente esos factores en el registro, y consideraron que este factor es convincente a favor de Puerto Rico, ya que cualquier grado de servicios aéreos expandido es crítico para el esfuerzo de Puerto Rico por desarrollar el crecimiento económico y reconstruir la infraestructura”, se expone en el documento del DOT.
Un estudio del Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (Iaapr) —encomendado al economista José Caraballo Cueto— proyectó un aumento potencial de 17% anual de visitantes a Puerto Rico, tomando como base la experiencia de Alaska tras eliminar estas leyes en 2004. Se proyectó, además, un impacto de $219.3 millones a la economía en un periodo de 12 años.
González aseguró que las posibilidades de esta exención “son infinitas, en cuanto transferir cargas de un avión a otro; combinar cargas de pasajeros y mercancía en un mismo avión; intercambiar carga entre líneas domésticas y líneas extranjeras; y adquirir derechos de almacenamiento, entre otras”
Años de gestiones
Este esfuerzo inició desde el 6 de febrero de 2017 cuando la comisionada residente envió una carta a la secretaria del DOT abogando por que se flexibilizaran las reglas de carga aérea para Puerto Rico.
El 31 de julio de 2017, la comisionada radicó el HR 3472 Puerto Rico Air Cargo Industry Empowerment Act, para agregar la Isla a la Enmienda Stevens, que entiende ha sido transformadora para la comunidad de Anchorage y el estado de Alaska en general.
Asimismo, González presentó el 26 de abril de 2018 la enmienda 564 al HR 4 para que se haga el estudio de carga aérea, la cual fue aprobada. La enmienda busca evaluar el potencial de Puerto Rico como centro de transbordo aéreo y obtener recomendaciones sobre cómo lograr ese potencial.
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