26 de septiembre de 2020- San Juan, Puerto Rico- Mover proyectos de infraestructura de aguas, optimizar la red eléctrica, asegurar recursos para construcción y mejoras a las carreteras, proyectos de control de inundaciones, maximizar el uso y agilizar el desembolso de fondos federales asignados son los pilares de la propuesta sobre infraestructura de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, para su segundo cuatrienio en el Congreso.

“Para los planes de desarrollo económico y social es indispensable contar con una infraestructura robusta, sólida y resiliente, como por ejemplo en el ámbito comercial como parte de mi propuesta de traer la manufactura y en el ámbito cotidiano como contar con unas carreteras en óptimas condiciones y protección de nuestras residencias y negocios de las inundaciones. El mantenimiento y construcción de la infraestructura son una fuente importante de empleos y un atractivo para la inversión. Por eso presento estas iniciativas donde apuesto a la infraestructura como motor económico y herramienta de justicia social”

Luego de la devastación causada a la infraestructura por el huracán María, la comisionada reenfocó su agenda en el Congreso para dar prioridad a la reconstrucción. Tanto fue así que luchó y consiguió formar parte del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal. Trajo a la isla a decenas de delegaciones con cientos de congresistas y miembros de la administración para que constataran los daños y se pudieran unir esfuerzos.

La comisionada logró asignaciones históricas para Puerto Rico: $45 mil millones en fondos federales para ayudas directas y acceso a otros miles de millones de dólares. Dentro de esta suma están: la asignación de fondos federales más grande que haya hecho el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) a la isla con $2.5 mil millones; la asignación más grande hecha por el Departamento de la Vivienda federal (HUD) en fondos de recuperación por desastre con $20 mil millones; y, además, este mes el presidente Trump anunció la tercera asignación por desastres más grande en la historia de FEMA, $11.6 mil millones, precisamente para infraestructura (red eléctrica y educación).

Inserción en proyecto para la reconstrucción nacional de la infraestructura

Se prevé que durante el próximo Congreso se discuta una medida para actualizar y mejorar la infraestructura para toda la nación bajo los principios de resiliencia y sostenibilidad. Teniendo la desventaja de ser una colonia, Puerto Rico no está incluido automáticamente en la asignación que les corresponde a los estados. La comisionada dijo que será prioridad para ella que Puerto Rico sea incluido en la legislación final, con una partida que equivalga a las necesidades y prioridades del territorio.

El objetivo de ser incluidos en dicha legislación es la construcción de viviendas y rehabilitación de viviendas existentes; construcción de carreteras, puentes y rehabilitación de los existentes; construcción, rehabilitación y reemplazo de infraestructura de los cuerpos de agua que brindan agua potable; construcción, rehabilitación y reemplazo de la infraestructura del sistema eléctrico; construcción, rehabilitación y reemplazo de facilidades que proveen servicios directos a la ciudadanía ya sean centros u oficinas gubernamentales del Gobierno Central o de municipios, así como hospitales, escuelas, alcantarillado, entre otros; implementación o expansión de cobertura de banda ancha; e implementar o expandir la transportación pública, así como promover conectividad con diferentes opciones de transportación.

Revitalización urbana y refuerzo en la transportación colectiva

Para atraer la actividad económica a los cascos urbanos, la comisionada propone un plan integrado. Para ello coordinará con HUD aumentar los recursos federales en el desarrollo de los centros urbanos y con los municipios y agencias estatales que estos tengan la ayuda necesaria para conocer y solicitar todos los fondos disponibles.

Además de completar y reforzar los sistemas de transportación colectiva que se puede hacer con programas federales como el Fixing America’s Surface Transportation Act (FAST Act)”, que se trabajará su extensión en el próximo Congreso, donde la congresista se compromete a trabajar por extender este programa y porque se le autoricen mayores recursos.

Ya en la versión sustitutiva del FAST Act que comenzó a trabajarse en este Congreso, el “INVEST in America Act”, la comisionada había logrado insertar cinco (5) de sus enmiendas que buscan fondos para proyectos de eficiencia de agua y energía, permitirle a Puerto Rico funcionar bajo los mismos estándares en ciertos programas de capacitación y seguridad en el transporte, acceso a data para entender las necesidades del tráfico, alentar proyectos de gestión y operaciones de sistemas de transporte multimodal o ecoamigables, entre otros.

La comisionada se compromete en insertar a Puerto Rico en esta ley lo que ayudaría como acceso a más fondos para mejoras y construcción de carreteras, aceras, caminos peatonales, carriles y caminos para ciclistas; mejoras a las facilidades del transporte público, rehabilitación, adquisición y diversificación de nueva flota de vehículos. Además de crear la infraestructura que provea la energía eléctrica o de gas natural, cual puede ser usada tanto para vehículos públicos, como llegar a acuerdos para proveer esta fuente de energía a flotas del sector privado.

Reconstrucción de la Red Energética

Para lograr el acuerdo entre FEMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por $10.5 mil millones y el acuerdo con el Departamento de Educación por $2.3 mil millones, la comisionada intervino directamente desde el Congreso para su aprobación y trabajó mano a mano con las agencias federales y la Casa Blanca para lograr la firma y acuerdo final.  La AEE tiene asignado $1.9 mil millones en fondos bajo el CDBG-DR del Departamento de Vivienda fedral (HUD) fondos adicionales para mejoras del sistema eléctrico para un total de $12.4 mil millones en inversión federal logrados en este cuatrienio.

La congresista trabajará no solo con el gobierno federal sino también con el gobierno estatal para lograr una infraestructura energética a la par con los tiempos y que asegure:

suplido energético confiable y estable que permita el desarrollo de la manufactura y el comercio; reducción de los costos a un nivel competitivo para la manufactura y justo para el pueblo; diversificación de las fuentes energéticas; la integración de la energía renovable junto con la conversión a gas natural de las plantas de combustión,; y la construcción de una red de transmisión y distribución capaz de recuperarse rápida y efectivamente de cualquier desastre y que reduzca los apagones constantes.

“Exigiré de las agencias federales responsables del área energética fiscalización efectiva de la reconstrucción del sistema con un sentido de urgencia. Me aseguraré que en este proceso los municipios, las comunidades y la AEE tengan acceso a las asignaciones y propuestas disponibles para el desarrollo de sistemas y redes con iniciativas innovadoras. Una combinación de los fondos ya asignados a través de FEMA, los Presupuestos Suplementarios y CDBG-DR, con los fondos de créditos y propuestas que se abran cada año, será vital para lograr esto”, explicó González Colón.

Efectividad de los abastos de agua

La también vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista se apresta a continuar trabajando con las agencias estatales en identificar asignaciones y préstamos federales para poner en efecto proyectos como el dragado periódico de todos los embalses, la protección de las cuencas hidrográficas de los embalses, mejoras a las plantas de filtración, entre otras.

González Colón logró que la isla tuviera acceso nuevamente a fondos bajo la Ley de Agua Potable federal. Además, se comprometió a continuar impulsando su medida el HR 6050 “Puerto Rico WaterSMART Grants Eligiblity Act”, incluido en el proyecto “Moving Forward Act” aprobado en la Cámara de Representantes, que proveería herramientas adicionales para mitigar los problemas de sequía, hacer mejoras a la infraestructura del agua, generando ahorros cuantificables, entre otros. Además, expresó que estará vigilante para que el acuerdo sobre los proyectos para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el gobierno federal se finalice lo antes posible y así construir una infraestructura moderna y eficiente para nuestro pueblo puertorriqueño.

Mitigación de riesgo de inundaciones

La comisionada ha logrado encaminar junto al Cuerpo de Ingenieros (USACE) trabajos para mitigar la amenaza de inundaciones, proveyendo seguridad a miles de familias en Puerto Rico, así como para inversionistas.

El Cuerpo de Ingenieros previo al 2017 había invertido $1.5 mil millones en obras en Puerto Rico durante múltiples décadas. Luego del huracán María, la comisionada logró que se asignara sobre $2.562 mil millones tan solo en la asignación suplementaria por desastre bajo el Bipartisan Budget Act 2018 (BBA2018). Estos fueron cubiertos al 100% por fondos federales, lo que permitió retomar muchos proyectos que llevaban años pendientes.

Proyectos que se iniciaron y continúan trabajándose: río La Plata – $500 millones, río Puerto Nuevo $1.585 mil millones, dragado puertos de Arecibo (completado) y Mayagüez (en proceso) $6 millones; proyectos de protección costera Parcelas Suárez, Loíza – $4.56 millones; proyectos completados: reparación de diques en Barceloneta – $5 millones y en Yauco – $2 millones, dragado de escombros en el rio Puerto Nuevo  $11.3 millones, quebrada Salud, San Germán – $2 millones.  

Estudios Completados y recomendación positiva del Jefe del Cuerpo: río Guayanilla; Estudio de $3 millones, completado – asignación próxima: lograr aprobación de $155 millones en presupuesto regular para construcción de obra; río Culebrinas (Aguada/Aguadilla); estudio de $400,000 completado – asignación próxima: lograr aprobación de $26.5 millones en presupuesto regular para construcción de obra.

Proyectos en la fase de planificación y prediseño: río Guanajibo (Mayagüez- Hormigueros) – $60 millones de BBA 2018; río Nigua (Salinas) –$60 millones de BBA 2018; río Grande de Arecibo – $82.9 millones bajo BBA 2018; el mejoramiento de la navegación por la Bahía de San Juan, por donde llega el 85% de nuestra carga importada – $40.6 millones

“Todavía hay otras cuyos estudios ya fueron realizados y esperan la determinación del Cuerpo y como Comisionada Residente me comprometo a que, si la recomendación resulta favorable trabajar con el Cuerpo de Ingenieros para lograr la aprobación de la obra, la asignación de fondos, una mejor proporción federal/local y para que estos sean prioridad para el Cuerpo de Ingenieros”, dijo González Colón.

El Caño Martín Peña- “Ecosystem Restoration Project”

En el 2017, la comisionada anunció $750,000, para adelantar el proyecto de restauración de ecosistema del Caño Martín Peña; en el Año Fiscal 2018, se otorgaron $849,000 bajo la cuenta de Investigaciones para continuar con la etapa de diseño. Además, González Colón ha asegurado lenguaje en legislación para asegurar las asignaciones de fondos, y se comprometió en continuar enfatizando e informando sobre la importancia de este proyecto para las ocho comunidades del Caño, el municipio de San Juan y municipios aledaños.

Este año, consiguió que el Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara aprobara su versión del WRDA 2020 e incluyera modificar la cantidad autorizada para que reflejara el costo obtenido por medio del estudio de viabilidad que concluyó en el 2016. Por tal razón, la versión de la Cámara de WRDA 2020 enmienda el lenguaje de autorización del 2007 y aumenta el costo autorizado para el Proyecto del Caño Martín Peña a $232,430,000.

Además, se incluyeron 3 proyectos de mitigación de riesgo de inundaciones para su terminación expedita y radicación de informe que son las fases previas a la planificación de construcción y diseño del Cuerpo de Ingenieros: río Guayanilla, río Grande de Manatí en Ciales; y río Culebrinas en Aguada y Aguadilla

Agilización y extensión de uso de los fondos federales:

La comisionada señaló que ha estado trabajando con el Comité de Asignaciones para monitorear el uso de los fondos CDBG-DR. De seguir acercándose la fecha límite para la utilización de los fondos conseguidos por la comisionada y ver que Puerto Rico necesita más tiempo para utilizarlos, se trabajará junto al Comité para extender el término de uso de fondos aún más. Hay que recordar que Puerto Rico tiene la asignación de fondos CDBG-DR más grande en la historia de este programa. Como bien ha indicado el señor Irving Dennis, el Principal Oficial Financiero de HUD, utilizar los fondos toma tiempo.

La congresista adelantó que presentará legislación para que los fondos CDBG-DR puedan ser utilizados por el estado para todas las necesidades insatisfechas sin importar el desastre que haya causado cada daño en particular.  Al igual que la fungibilidad de todos los fondos de emergencia que sean destinados para atender alguna emergencia producto de un desastre natural en las islas.

Seguirá impulsando garantizar los fondos necesarios para la recuperación de las partes afectadas por la devastación de los terremotos y también para la reconstrucción de infraestructura duradera y fondos para la ayuda alimentaria.

Para evitar problemas y dilaciones como las que venimos enfrentando desde los huracanes Irma y María en el desembolso de fondos federales para la reconstrucción, legislará en el Congreso para enmendar las secciones 406 y 428 de la Ley Stafford a los fines de que se pueda utilizar el pareo global (mejor conocido como “Global Match”) para los fondos de Asistencia Pública bajo estos programas. De esta manera, el gobierno no aportaría el 10% del costo de cada obra sino el 10% del desastre total y el mismo puede ser cubierto por cualquier partida sobrante de fondos federales tales como CDBG-DR.

Esto aliviaría la carga en el gobierno local, aceleraría el proceso de llegar acuerdos y el desembolso de todos los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) para proyectos de mitigación.

Finalmente, trabajará con el liderato congresional y con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés) a los fines de realizar una auditoría a las agencias federales FEMA y HUD para determinar si implementaron los mejores procesos para garantizar la utilización efectiva, eficiente y expedita de los fondos de reconstrucción, y determinar si tomaron acciones deliberadas o dirigidas a detener o retrasar las ayudas a Puerto Rico.

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