La comisionada residente, Jenniffer González Colón, radicó junto a otros cinco congresistas legislación bipartita para otorgar incentivos fiscales bajo el Código de Rentas Internas y así atraer la fabricación de suministros médicos vitales a jurisdicciones de los Estados Unidos, que ahora se hace en países extranjeros, lo que con la pandemia del Covid-19 ha representado una amenaza para los suministros a nivel nacional.

La medida, el HR 6443, ‘‘Ley para Asegurar la Cadena de Suministro Nacional de 2020”, aseguraría la cadena de suministros a nivel nacional proveyendo incentivos a las zonas económicamente deprimidas, las llamadas “distressed zones”, en los Estados Unidos y los territorios. Puerto Rico estaría muy bien posicionado con esta iniciativa al asumir un rol protagónico en la industria manufacturera a nivel nacional, lo que a su vez crearía empleos bien remunerados e impulsaría nuestra economía local.

“Las soluciones económicas para Puerto Rico deben estar enmarcados mirando hacia el futuro y no el pasado. Todo nuevo incentivo económico tiene que estar atado a que las compañías inviertan en infraestructura y en capital humano, y tiene que ser dentro del sistema contributivo federal”, dijo la comisionada residente, Jenniffer González.

La congresista presentó la medida junto a la ex Secretaria de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Donna Shalala (D-FL) y los representantes Rob Bishop (R-UT), Darren Soto (D-FL), Rubén Gallego (D-AZ) y Peter King (R-NY).

El proyecto de ley proporcionaría créditos contra los impuestos federales a las empresas estadounidenses por los gastos incurridos en salarios, inversiones de capital, las compras realizadas a proveedores locales y negocios de grupos minoritarios y requiere que se realice un estudio que incluya recomendaciones para garantizar el suministro interno de productos esenciales.

“La pandemia del coronavirus ha demostrado claramente cómo la dependencia de los Estados Unidos en las jurisdicciones extranjeras de materias primas y productos necesarios para los medicamentos y la seguridad de la nación pueden ponernos en riesgo. Esta legislación evitaría la escasez de suministros para eventos futuros, mientras que al mismo tiempo contribuiría al desarrollo económico de las jurisdicciones estadounidenses más necesitadas”, dijo González Colón.

“Me enorgullece patrocinar esta legislación vital que no solo ayudará a reconstruir nuestro abastecimiento interno de suministros críticos de atención médica, sino que también proporcionará un impulso muy necesario a las áreas de la nación que están económicamente desatendidas y con un potencial sin explotar. Este proyecto de ley, que nos permite capitalizar las habilidades y la experiencia de las regiones, como la sólida base histórica con la que cuenta Puerto Rico en la fabricación de dispositivos médicos y farmacéuticos, ya era hora de trabajarla y estoy orgullosa de apoyarla”, dijo la congresista Shalala.

“La legislación de las “distressed zones” es crucial para las áreas de nuestra nación que luchan por poner fin al ciclo de la inmensa pobreza simplemente por la dificultad de atraer empresas”, dijo el congresista Soto.

Las áreas que calificarían tendrían que haber tenido una pobreza generalizada, desempleo, baja participación en la fuerza laboral y un período prolongado de depresión económica, así como una tasa de pobreza de no menos del 35%. También deberían tener un plan de desarrollo económico. Además, permite que las áreas con un nivel de pobreza entre 30% y 35% soliciten ser designadas como “distressed zones”.

“Las soluciones económicas para Puerto Rico deben estar enmarcados mirando hacia el futuro y no el pasado. Todo nuevo incentivo económico tiene que estar atado a que las compañías inviertan en infraestructura y en capital humano, y tiene que ser dentro del sistema contributivo federal”, dijo la comisionada residente.

En la misma línea de lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la líder republicana en la Isla abogó por restricciones que consideren lo que las industrias necesitan para seguir operando. Por ejemplo, mencionó que mantener la banca abierta debe incluir permitir que operen otras áreas más allá del servicio al cliente.

Hay sectores que han reclamado públicamente una flexibilización en las reglas de la orden ejecutiva para que se permita operar negocios como, por ejemplo, los talleres de mecánica o las gomeras.

“Lo que yo planteo es que la recomendación que se haga por la salud de la gente, que es lo más importante, tiene que estar engranada con cómo funciona la economía. Si la gobernadora dice que hay unas excepciones, que la industria las entienda”, dijo González.

Mencionó como ejemplo los proyectos aprobados a nivel federal para construcción en la Isla que quedaron detenidos con la orden ejecutiva.

“Tienes millones aprobados a nivel federal para el diseño de proyectos de construcción. Si tienes la construcción detenida, podrías tener las áreas de diseño operando”, dijo. “Hay distintas cosas que se pueden hacer para que —mientras la mayor cantidad de gente se queda en su casa— la economía tenga lo que es necesario para funcionar. Hay que ver cómo permitimos el mantenimiento de unas facilidades que en época de lluvia nos van a traer otros problemas con el dengue”.

González aplaudió la creación de un grupo de trabajo para manejar el contagio de Covid-19 en la Isla, así como la creación de un grupo de trabajo enfocado en el aspecto económico.

“Las recomendaciones deben venir amarradas a salud y a la economía, para que el sector privado sepa cómo se va a implementar. Esto nos va a impactar a todos. Cualquiera que sea la decisión, tiene que hermanar la salud y el sector privado económico para que sepan cómo implementarlo”, expresó la comisionada residente.

 

“Las medidas tienen que permitir cierta actividad económica”, insistió.

Agregó que si hay actividades exentas de la orden ejecutiva, la Policía debe estar bien informada para evitar “restricciones innecesarias al flujo”.

“Por ejemplo, las líneas aéreas que vuelan a Puerto Rico tienen contrato con transportistas para los pilotos. Eso es un contrato. Pero a ese transportista que tiene un contrato para ir a buscar un ‘crew’ de línea aérea no lo están dejando llegar al aeropuerto”, manifestó.

Acuerdo para repartir el alivio federal

González informó que los cheques de alivio aprobados ya por el Senado federal se distribuirán mediante un acuerdo firmado entre el Tesoro federal y el Departamento de Hacienda.

“Hablé con el secretario de Hacienda (Francisco Parés) para que esto se tramite con el Tesoro federal. He tenido conversaciones con el Tesoro y Hacienda porque hay que buscar cuál va a ser el mecanismo de buscar la información para poder hacer esto”, dijo.

“Hacienda y el Tesoro tienen que firmar un acuerdo. Puede funcionar de ambas maneras, o que el gobierno federal lo envíe o que lo envíe Hacienda. El reto es que como hay mucha gente que no rinde (planillas), esa información la tiene Hacienda, así que van a trabajar en un acuerdo”, detalló la funcionaria.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias asignó varias partidas de fondos federales, como parte de las asignaciones de Asistencia por Desastre a Centros Head Start dentro de la categoría de servicios sociales. Dentro de estas asignaciones, el Municipio de Caguas recibió dos asignaciones de $336,000 y $278,250; el Municipio de Canóvanas recibió $292,000 y el Municipio de Utuado recibió $650,438.
 

Asimismo, la  Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños asignó $4,099,449 al Municipio de Mayagüez; $6,897,383 al Municipio de Ponce  y $1,816,071 al Centro de Servicios a la Juventud,Inc. bajo los fondos Head Start y Early Head Start en la categoría de servicios sociales. 
 

Estos fondos asignados para Head Start  son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.
 

Por otra parte, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos asignó $2,643,825 en fondos federales al Departamento de Salud de Puerto Rico para servicios de salud para madres y niños.  Además, el Departamento de Salud de Puerto Rico recibió $235,000 bajo el programa Universal Newborn Hearing Screening and Intervention dentro de la categoría de servicios de salud.
 

De la misma forma, HRSA asignó $3,314.,209 al Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc. bajo la categoría de servicios de salud. 
 

A estos centros se le conoce como Centro 330  porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica accesibles. 
 

HHS a través del Centro de Prevención de Abuso de Sustancias asignó $50,000 a la Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Inc. bajo el proyecto OPDH- Coalicion de Prevencion Morovena dentro de la categoria de servicios de salud mental y abusos de sustancias.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, anunció el sábado la aprobación de $49,227,769 en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para cuidado a niños y servicios de salud.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias, asignó fondos a varios municipios bajo los fondos de Asistencia por Desastre a Centros Head Start, dentro de la categoría de servicios sociales. Como parte de esta asignación, el Municipio de Barceloneta recibió $1,743,352.

Asimismo, la Administración de Familias y Niños del HHS asignó $42,753,484 a la Administración para el Desarrollo Integral del Cuidado Infantil, bajo los fondos de proyectos para Head Start a Centros Head Start y Early Head Start dentro del programa de servicios sociales.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia, la cual varía dependiendo del programa.

Por otro lado, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos asignó $2,198,075 al Centro de Salud de Lares, Inc. y $2,532,858 a Costa Salud Community Health Centers Inc. A estos centros se le conoce como Centro 330, porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica accesibles.

WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció la aprobación de 8,325,997 dólares en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para cuidado a niños e investigación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias/ Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños asignó 7,970,553 dólares en fondos federales al Municipio de Orocovis bajo el programa Head Start y Early Head Start en la categoría de servicios sociales.

“Estos fondos asignados para Head Start  son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa”, dijo la comisionada residente en comunicación escrita.

Por otro lado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través del “National Institute of Neurological Disorders and Stroke” asignó 355,444 dólares en fondos a la Universidad Central del Caribe bajo el programa de investigación clínica relacionada con trastornos neurológicos para el proyecto “Glial Cells and Polyamine Signaling in the Central Nervous System”

Tras cuatro años de haberse propuesto la eliminación de las leyes de cabotaje aéreo, finalmente el Departamento de Transportación federal (DOT) flexibilizó las reglas de carga aérea con relación a Puerto Rico, concediendo una exención de dos años.

La aprobación de esta solicitud permite que las compañías aéreas extranjeras realicen ciertos servicios de transferencia de carga y pasajeros en los aeropuertos internacionales en Puerto Rico. A su vez, podría atraer servicios de transportistas aéreos extranjeros nuevos o adicionales a los aeropuertos, lo que podría resultar beneficioso para el País en el ámbito económico.

En entrevista con EL VOCERO, la comisionada residente Jenniffer González aseguró que la exención es un triunfo logrado a través de la unión de esfuerzos entre su oficina, el gobierno estatal y la empresa privada. “Para Puerto Rico es muy importante ya que nos da acceso a pasajeros y carga internacional, a la vez que nos permitirá manejar el traslado de manufactura y equipo médico como medidas de desarrollo económico”, sostuvo.

 

Reconoció que todavía falta un periodo de comentarios que tendrá lugar del 4 al 11 de marzo para ver si se da paso a la medida.

“Agradezco a la secretaria del Departamento de Transportación federal, Elaine Chao, y al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, por su trabajo y esfuerzo en conjunto para lograrlo. Igualmente a la Coalición del Sector Privado, que me respaldó en esta iniciativa desde el día uno”, señaló.

“A principios de mes, convoqué a representantes del sector privado y el gobierno estatal para dar seguimiento a las gestiones para convertir a Puerto Rico en un centro de carga aérea. Ya había logrado que se convirtiera en ley el estudio de viabilidad que realiza el GAO (Oficina de Responsabilidad del Gobierno)”, agregó González.

Factores que influyeron

La determinación del DOT —que representa un alivio para Puerto Rico— fue basada en la ubicación geográfica y la situación económica de la Isla, principalmente después del huracán María. Este tipo de alivio fue otorgado anteriormente a Alaska, Hawái, Guam y las Islas Marianas del Norte.

La agencia federal reconoce, además, que el servicio aéreo es de vital importancia para Puerto Rico y que depende en gran medida del transporte aéreo como un elemento vital de su economía.

 

En la solicitud, Puerto Rico proporcionó evidencia específica del impacto negativo que su economía ha sufrido después del huracán María y por otras razones.

“Ninguna de las partes opuestas desafiaron persuasivamente esos factores en el registro, y consideraron que este factor es convincente a favor de Puerto Rico, ya que cualquier grado de servicios aéreos expandido es crítico para el esfuerzo de Puerto Rico por desarrollar el crecimiento económico y reconstruir la infraestructura”, se expone en el documento del DOT.

Un estudio del Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (Iaapr) —encomendado al economista José Caraballo Cueto— proyectó un aumento potencial de 17% anual de visitantes a Puerto Rico, tomando como base la experiencia de Alaska tras eliminar estas leyes en 2004. Se proyectó, además, un impacto de $219.3 millones a la economía en un periodo de 12 años.

González aseguró que las posibilidades de esta exención “son infinitas, en cuanto transferir cargas de un avión a otro; combinar cargas de pasajeros y mercancía en un mismo avión; intercambiar carga entre líneas domésticas y líneas extranjeras; y adquirir derechos de almacenamiento, entre otras”

Años de gestiones

Este esfuerzo inició desde el 6 de febrero de 2017 cuando la comisionada residente envió una carta a la secretaria del DOT abogando por que se flexibilizaran las reglas de carga aérea para Puerto Rico.

El 31 de julio de 2017, la comisionada radicó el HR 3472 Puerto Rico Air Cargo Industry Empowerment Act, para agregar la Isla a la Enmienda Stevens, que entiende ha sido transformadora para la comunidad de Anchorage y el estado de Alaska en general.

Asimismo, González presentó el 26 de abril de 2018 la enmienda 564 al HR 4 para que se haga el estudio de carga aérea, la cual fue aprobada. La enmienda busca evaluar el potencial de Puerto Rico como centro de transbordo aéreo y obtener recomendaciones sobre cómo lograr ese potencial.

La construcción de un proyecto para el control de inundaciones que impactará una quebrada cerca de la comunidad El Portal, en San Germán, comenzó hoy.

El costo es de $2 millones en fondos federales.

La comisionada residente Jenniffer González Colón indicó que este es el primer proyecto adscrito al programa Autoridades Continuas del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (Usace, por sus siglas en inglés) y el dinero sale del presupuesto federal aprobado en el 2018. En total, se asignaron $2,500 millones a ser invertidos en Puerto Rico.

“Este proyecto busca que los residentes del Portal en el municipio de San Germán puedan permanecer en viviendas seguras y asequibles”, dijo la comisionada residente, Jenniffer González Colón

Las obras están dirigidas a proteger las estructuras y la carretera al reducir la erosión generada por la velocidad del flujo del canal y las descargas de alcantarillas a lo largo de la quebrada Salud, que discurre por un predio en que también se encuentra un complejo de vivienda de 56 unidades de Sección 8. Se espera que la construcción dure aproximadamente seis meses, se explicó.

González Colón estuvo acompañada en la actividad realizada en el barrio Maresúa por legisladores de la zona, el coronel Andrew Kelly, comandante del distrito de Jacksonville del Cuerpo de Ingenieros por el alcalde de San Germán, Isidro Negrón y por la secretaria interna de Recursos Naturales y Ambientales, Cynthia Rivera Morales.

Dentro del presupuesto del 2018 también se identificaron fondos a ser canalizados por Usace para la canalización del Río Guanajibo en Mayagüez y Hormigueros, el dragado del puerto de Mayagüez; para estudios y planificación de control del Río Culebrinas en Aguada; para el control de erosión de costas que incluye a Rincón, evaluar medidas para las inundaciones urbanas en Guayanilla.

Otro proyecto nuevo fuera del área oeste es el dragado del muelle de Arecibo y también se identificaron fondos para continuar con las obras de canalización del Río Puerto Nuevo, en San Juan.

El trabajo en San Germán fue asignado a la compañía Advantix Engineering Corporation y el contrato fue asignado en septiembre del año pasado.

El proyecto consiste en limpiar aproximadamente 420 pies lineales de terraplén de canal en la quebrada de Salud, la instalación de una estera de refuerzo de césped de alto rendimiento a lo largo del canal, reparaciones en dos desagües de alcantarilla de concreto y blindaje de terraplén de aproximadamente 100 pies lineales de canal con hormigón.

“Este proyecto busca que los residentes del Portal puedan permanecer en viviendas seguras y asequibles”, dijo GonzálezColón en declaraciones escritas.

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció la publicación de las guías para tener acceso a $8,200 millones en fondos de mitigación de desastres bajo el programa “Community Development Block Grant- Disaster Relief” (CDBD-DR) del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).

Luego de meses de atraso y arduo trabajo, la publicación de la guía se hará en el Registro Federal lo que permite que el Departamento de Vivienda de Puerto Rico pueda presentar su plan de trabajo para tener acceso a estos fondos. Este acuerdo ya se logró, solo tomará uno o dos días que estén físicamente en el portal.

“La emergencia que estamos pasando por los recientes sismos prueba que siempre debemos estar preparados para lo inesperado. Ahora, más que nunca tenemos que asegurarnos que la infraestructura en la isla es segura y estable. Los esfuerzos de mitigación son clave para esto”, concluyó González Colón

Los $8,200 millones forman parte de la asignación de sobre $20,000 millones en fondos CDBG-DR que la comisionada residente logró para Puerto Rico luego del huracán María, en la Ley Bipartita de Presupuesto de febrero de 2018.

“Esto representa un avance en el desembolso de fondos de emergencia que tanto necesitamos. La publicación de las guías permitirá que el Departamento de Vivienda de Puerto Rico pueda continuar trabajando con HUD para facilitar que llegue este dinero a la isla y ayude a que nuestra infraestructura esté preparada para cualquier emergencia”, expresó la comisionada residente quien ha presionado ante el Congreso, HUD y Casa Blanca para acelerar los procesos de desembolso de fondos como lo permiten estas guías.

El Departamento de Vivienda de Puerto Rico cuenta con $1,500 millones para continuar trabajos de manejo de emergencias luego de María, esto ayuda a que el proceso de desembolso continúe.

Además a estos fondos, se espera que finalice un acuerdo entre Vivienda local y HUD para el desembolso de sobre $8,200 millones para abordar necesidades pendientes y cerca de $1,900 millones para mejoras de la red de energía eléctrica.

El secretario de HUD, Ben Carson le confirmó ayer a la comisionada que HUD seleccionó al licenciado Robert Couch, exasesor de HUD, como el monitor federal que ayudará a supervisar el desembolso de fondos y funcionará como persona contacto para la utilización de los mismos, en colaboración con Vivienda.

“La emergencia que estamos pasando por los recientes sismos prueba que siempre debemos estar preparados para lo inesperado. Ahora, más que nunca tenemos que asegurarnos que la infraestructura en la isla es segura y estable. Los esfuerzos de mitigación son clave para esto”, concluyó González Colón quien agradeció a congresistas de ambas cámaras y de ambos partidos por la ayuda y el interés en que se avance con la recuperación de la isla y más aún con los recientes eventos telúricos.

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció nuevas aprobaciones de fondos por parte de agencias federales que suman $25,880,665. Estos fondos van dirigidos a programas de cuidados de salud, desarrollo de la niñez y hasta para promover la autosuficiencia.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) asignó $150,247 a cinco municipios en la Isla para el programa de Autosuficiencia Familiar (FSS por sus siglas en inglés). Este programa permite a las familias asistidas por HUD aumentar sus ingresos y reducir su dependencia de la asistencia social y los subsidios de alquiler.

Los municipios que se beneficiaran de esta asignación son Juana Díaz que recibirá $24,680, San Germán $56,816, San Juan $25,387, Bayamón $28,324 y Ponce con $15,040.

El secretario de HUD, Ben Carson, destacó que este año el 90% de las 700 autoridad públicas que se beneficiaron de estos fondos alrededor de la nación, están ubicadas en las Zonas de Oportunidad que son producto de la Reforma Contributiva federal del 2017, en donde la comisionada residente logró insertar a Puerto Rico. Las Zonas de Oportunidad promueven inversiones a largo plazo en comunidades de bajos ingresos.

La Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) asignó al Programa de Head Start del Municipio de Mayagüez $4,099,450 y $6,897,384 al del Municipio de Ponce; para el programa de Head Start y Early Head Start del Municipio de Caguas se asignó $6,396,235 y para el programa de Early Head Start del Municipio de Dorado se aprobaron $601,176.

Dentro del programa de Asistencia por Desastres a los Centros Head Start cuyos fondos provienen de la Ley Bipartita de Presupuesto del 2018, al Municipio de Dorado se le asignó $361,125.

La Oficina para la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del HHS asignó al programa de Servicios Maternos y Salud Infantil del Departamento de Salud de Puerto Rico la cantidad de $1,255,615.

HRSA bajo el programa de Centros 330 de Salud, asignó a COSMMA Inc. en Cidra $2,145,369; al Prymed Medical Care, Inc. De Ciales $1,020,853; y el Migrant Health Center, Western Region, Inc de Mayagüez recibirá $2,953,211.

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