2020 enero

ORLANDO, Florida – La comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González, envió una carta al comisionado de las Grandes Ligas (MLB), Rob Manfred, donde le solicita que se retire de todo el béisbol el número 21 que vistió durante su carrera el legendario jardinero boricua, Roberto Clemente.

En una misiva enviada a Manfred el pasado viernes 24 de enero, la congresista puertorriqueña destacó los méritos que tuvo Clemente, dentro y fuera del terreno, para merecer un honor, que hasta ahora, ha sido reservado para Jackie Robinson, el hombre que quebró la barrera racial en las ligas mayores modernas.

Dentro de los innumerables reconocimientos de la carrera y la vida de Clemente, el máximo honor de la institución a la que le dio gloria y dedicó 18 años de su vida, la MLB, se completaría retirando universalmente al distinguido número 21″, uno que todos nosotros respetamos, dentro y fuera del estadio”, dijo González Colón.

“Como representante única de Puerto Rico en el congreso, apoyo el reconocimiento de este atleta y humanitario puertorriqueño, que trascendió el campo de béisbol, dando un ejemplo para que el mundo lo siga”, agregó.

“Le insto a que haga lo mismo y retire universalmente el número 21 de Roberto Clemente para honrar su ejemplar servicio de por vida”, sostuvo.

El cargo de comisionado residente de Puerto Rico en Washington participa en las discusiones que tienen lugar en la cámara de representantes (diputados), pero sin derecho a voto. Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos, pero sus ciudadanos no participan en los procesos políticos.

Clemente, un extraordinario pelotero que conectó tres mil hits, lideró la Liga Nacional en bateo en cuatro ocasiones, ganó 12 Guantes de Oro por su excelencia defensiva en el jardín derecho y acudió a 15 Juegos de Estrellas. Alcanzó el nivel de mito eterno, cuando falleció en un accidente aéreo mientras llevaba ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto de diciembre de 1972 en Nicaragua.

Debido a la forma en que falleció, cuando aún no se retiraba oficialmente, Clemente fue electo de inmediato al Salón de la Fama de Cooperstown en una votación especial en 1973.
Ese mismo año, la MLB decidió renombrar como “Premio Roberto Clemente” un reconocimiento que había creado dos años atrás para honrar al jugador que “mejor representa el juego de béisbol a través de un carácter extraordinario, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas, tanto dentro como fuera del campo”.

Desde el 2002, las ligas mayores celebran el “Dia de Roberto Clemente” el 18 de septiembre. En dicha fecha, un logo especial con la figura del “Cometa de Carolina” es colocado en las bases y en las tarjetas de las alineaciones de los equipos y en cada parque es transmitido un video homenaje del personaje.

Hasta ahora, el único número que la oficina del comisionado ha retirado de todo el béisbol es el #42 que usó Robinson, quien rompió la barrera racial en 1947 con los Dodgers de Brooklyn. El número del primer afroamericano en las ligas mayores modernas fue sacado de circulación oficialmente en 1997, aunque se hizo una excepción con los peloteros que lo usaban en ese momento.

El lanzador panameño Mariano Rivera, quien se retiró en 2013, fue el último jugador con el número 42. El 15 de abril de cada año, todos los peloteros de las ligas mayores usan el #42 para honrar la memoria de Robinson.

Desde el fallecimiento de Clemente hace casi medio siglo, varios grupos han reclamado a las Grandes Ligas que retire el #21, pero el llamado no ha sido escuchado.

“Como representante única de Puerto Rico en el congreso, apoyo el reconocimiento de este atleta y humanitario puertorriqueño, que trascendió el campo de béisbol, dando un ejemplo para que el mundo lo siga”, dijo González-Colón.

“Le insto a que haga lo mismo y retire universalmente el número 21 de Roberto Clemente para honrar su ejemplar servicio de por vida”, agregó.

ast week, a congressman from the Sunshine State introduced a proposal that will make it easier for survivors of domestic violence to replace missing documents.

U.S. Rep. Charlie Crist, D-Fla., brought out the “Documents for Continued Safety Act” which has the support of U.S. Rep. Jenniffer González-Colón, R-PR.

“The bipartisan legislation would empower survivors of domestic violence by making it easier for them to replace vital documents lost or missing after fleeing their abuser,” Crist’s office noted. “Under the proposal, the Social Security Administration would not charge administrative fees required to replace birth certificates, driver’s licenses, and Social Security cards – identification documents which are necessary for survivors to establish safe and independent lives after experiencing abuse. In 2018, Pinellas County experienced over 6,000 reported cases of domestic violence.”

Crist weighed in on why he brought out the proposal last week.

“Escaping domestic violence is one of the most difficult things a person can do,” said Crist. “This legislation supports survivors who make the brave choice to restart their lives safely and independently, ensuring one step in that process is a little less burdensome.”

“Countering domestic violence has always been one of my legislative priorities. In Puerto Rico, around 20,000 domestic violence cases are reported annually, which provides a glimpse of vulnerabilities experienced by many of my constituents,” said González-Colón. “This bill is crucial to end the lack of access to survivor’s documentation and providing the necessary resources to start a new life free from abuse. As a co-vice chair of the Congressional Women’s Caucus, I will always support equality and safety for women. This bill is step in the right direction and I will continue to work with my colleagues to enact it into law.”

“Escaping domestic violence is often rushed and desperate. Domestic violence shelters report that survivors frequently do not have their vital documents or access to financial resources – because either the abuser withholds them, or they are forgotten in the process of fleeing,” Crist’s office noted. “Lack of access to these documents can make it nearly impossible for survivors to find jobs, rent a home, or open a bank account, while the process of replacing birth certificates, drivers licenses, and Social Security cards can be cumbersome and costly. The cost of replacing vital documents can delay a survivor’s ability to start fresh, and drain shelters of their limited resources.

“Under the ‘Documents for Continued Safety Act,’ the Social Security Administration (SSA) would waive the fees associated with replacing Social Security Cards for domestic violence survivors and cover state fees for driver’s licenses and birth certificates. Thus providing survivors with life-saving assistance as they take steps to build a safe and independent life,” Crist’s office added.

The bill was sent to the U.S. House Ways and Means Committee last week. So far, there is no companion measure over in the U.S. Senate.

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció la publicación de las guías para tener acceso a $8,200 millones en fondos de mitigación de desastres bajo el programa “Community Development Block Grant- Disaster Relief” (CDBD-DR) del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).

Luego de meses de atraso y arduo trabajo, la publicación de la guía se hará en el Registro Federal lo que permite que el Departamento de Vivienda de Puerto Rico pueda presentar su plan de trabajo para tener acceso a estos fondos. Este acuerdo ya se logró, solo tomará uno o dos días que estén físicamente en el portal.

“La emergencia que estamos pasando por los recientes sismos prueba que siempre debemos estar preparados para lo inesperado. Ahora, más que nunca tenemos que asegurarnos que la infraestructura en la isla es segura y estable. Los esfuerzos de mitigación son clave para esto”, concluyó González Colón

Los $8,200 millones forman parte de la asignación de sobre $20,000 millones en fondos CDBG-DR que la comisionada residente logró para Puerto Rico luego del huracán María, en la Ley Bipartita de Presupuesto de febrero de 2018.

“Esto representa un avance en el desembolso de fondos de emergencia que tanto necesitamos. La publicación de las guías permitirá que el Departamento de Vivienda de Puerto Rico pueda continuar trabajando con HUD para facilitar que llegue este dinero a la isla y ayude a que nuestra infraestructura esté preparada para cualquier emergencia”, expresó la comisionada residente quien ha presionado ante el Congreso, HUD y Casa Blanca para acelerar los procesos de desembolso de fondos como lo permiten estas guías.

El Departamento de Vivienda de Puerto Rico cuenta con $1,500 millones para continuar trabajos de manejo de emergencias luego de María, esto ayuda a que el proceso de desembolso continúe.

Además a estos fondos, se espera que finalice un acuerdo entre Vivienda local y HUD para el desembolso de sobre $8,200 millones para abordar necesidades pendientes y cerca de $1,900 millones para mejoras de la red de energía eléctrica.

El secretario de HUD, Ben Carson le confirmó ayer a la comisionada que HUD seleccionó al licenciado Robert Couch, exasesor de HUD, como el monitor federal que ayudará a supervisar el desembolso de fondos y funcionará como persona contacto para la utilización de los mismos, en colaboración con Vivienda.

“La emergencia que estamos pasando por los recientes sismos prueba que siempre debemos estar preparados para lo inesperado. Ahora, más que nunca tenemos que asegurarnos que la infraestructura en la isla es segura y estable. Los esfuerzos de mitigación son clave para esto”, concluyó González Colón quien agradeció a congresistas de ambas cámaras y de ambos partidos por la ayuda y el interés en que se avance con la recuperación de la isla y más aún con los recientes eventos telúricos.

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, hizo un llamado el martes al presidente de los Estados Unidos, Donald John Trump, para que apruebe una Declaración de Desastre Mayor para Puerto Rico a raíz del impacto de los recientes sismos.

“Hoy, hablo en nombre de todos y cada uno de mis conciudadanos afectados por la actividad sísmica en curso en Puerto Rico. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la costa suroeste de la isla ha sido el epicentro de más de mil terremotos desde el 28 de diciembre del año pasado”.

El 7 de enero, la isla experimentó un terremoto de magnitud 6.4 que provocó las réplicas que se sienten en toda la isla, principalmente en los municipios de Guánica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas y Ponce.

Insto al presidente Trump a que apruebe la declaración de desastre mayor solicitada por la gobernadora Vázquez Garced. Este debería ser el próximo paso para garantizar los esfuerzos de recuperación adecuados y oportunos en la isla a medida que avanzamos en otro desastre natural”, expresó la comisionada residente en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes federal.

Inmediatamente que la gobernadora Wanda Vázquez envío su solicitud de Declaración de Desastre Mayor, la comisionada residente junto a los senadores Rick Scott, Marco Rubio; los representantes Stephanie Murphy, Michael Waltz, Bill Posey, Mario Diaz Balart y Donna Shalala enviaron una misiva al presidente Trump respaldando la solicitud.

 

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La comisionada residente, Jenniffer González Colón y ocho congresistas enviaron una misiva al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respaldando la solicitud de declaración de desastre mayor a raíz de los pasados sismos.

La carta es firmada por los senadores Rick Scott, Marco Rubio; los representantes Stephanie Murphy, Michael Waltz, Bill Posey, Mario Diaz Balart y Donna Shalala.

Una declaración de desastre mayor permitiría mayor federal a Puerto Rico así como a individuos afectados.

La gobernadora firmó hoy una declaración de emergencia de desastre mayor tras una evaluación preliminar en daños de $110 millones.

Vázquez indicó, además, que autorizó el desglose “inmediato” de $2 millones a los municipios de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado y Yauco “para que puedan trabajar con sus necesidades para beneficios de todos los ciudadanos”.

Ya Trump firmó la declaración de emergencia emitida la semana pasada. 

 

Florida’s two GOP senators joined Puerto Rico’s top official in Congress on Tuesday to ask President Trump for federal support following a series of earthquakes on the island.

Sens. Marco Rubio and Rick Scott signed a letter with Resident Commissioner Jenniffer González-Colón (R) asking Trump to order agencies like the Federal Emergency Management Agency and U.S. Army Corps of Engineers to provide immediate assistance to Puerto Rico.

“The localities that are grappling with the effects of the earth tremors are smaller municipalities that do not have the necessary resources to handle the situation alone, and the Puerto Rico local agencies are taxed to their limits by their fiscal condition and the continuing larger recovery effort,” they wrote.

Puerto Rico was hit Tuesday morning by a 6.4 magnitude earthquake after suffering a series of smaller earthquakes that caused damage and power outages over the weekend.

Tuesday’s earthquake was followed by a series of aftershocks, according to the U.S. Geological Survey.

The earthquakes come as the island struggles to rebuild its infrastructure and economy after the devastation from Hurricane Maria in September 2017.

The request for federal assistance could touch a nerve with Trump, whose administration has been slow to release the funds appropriated for Puerto Rico’s reconstruction.

More than four months have passed since the Department of Housing and Urban Development was supposed to publish a notice on how it plans to distribute more than $8 billion in disaster relief funds for the island.

President Trump has called the island “one of the most corrupt places on Earth.”

For the three Republican lawmakers who signed Tuesday’s letter, Puerto Rico disaster recovery is a priority, with the two senators looking to deliver their state for Trump in November. Florida has the largest Puerto Rican diaspora in the country, at more than 1.2 million residents.

González is up for reelection this year amid political turbulence that has created uncertainty for incumbents.

Puerto Rico Gov. Wanda Vázquez signed an emergency declaration Tuesday. She said in a statement that she has spoken to several members of Congress and that federal agencies are ready to assist the U.S. territory.

The island’s Financial Oversight and Management Board — a congressionally mandated office that oversees Puerto Rico’s finances — announced Tuesday it had authorized the disbursement of $260 million for emergency funds related to the earthquakes.

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció nuevas aprobaciones de fondos por parte de agencias federales que suman $25,880,665. Estos fondos van dirigidos a programas de cuidados de salud, desarrollo de la niñez y hasta para promover la autosuficiencia.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) asignó $150,247 a cinco municipios en la Isla para el programa de Autosuficiencia Familiar (FSS por sus siglas en inglés). Este programa permite a las familias asistidas por HUD aumentar sus ingresos y reducir su dependencia de la asistencia social y los subsidios de alquiler.

Los municipios que se beneficiaran de esta asignación son Juana Díaz que recibirá $24,680, San Germán $56,816, San Juan $25,387, Bayamón $28,324 y Ponce con $15,040.

El secretario de HUD, Ben Carson, destacó que este año el 90% de las 700 autoridad públicas que se beneficiaron de estos fondos alrededor de la nación, están ubicadas en las Zonas de Oportunidad que son producto de la Reforma Contributiva federal del 2017, en donde la comisionada residente logró insertar a Puerto Rico. Las Zonas de Oportunidad promueven inversiones a largo plazo en comunidades de bajos ingresos.

La Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) asignó al Programa de Head Start del Municipio de Mayagüez $4,099,450 y $6,897,384 al del Municipio de Ponce; para el programa de Head Start y Early Head Start del Municipio de Caguas se asignó $6,396,235 y para el programa de Early Head Start del Municipio de Dorado se aprobaron $601,176.

Dentro del programa de Asistencia por Desastres a los Centros Head Start cuyos fondos provienen de la Ley Bipartita de Presupuesto del 2018, al Municipio de Dorado se le asignó $361,125.

La Oficina para la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del HHS asignó al programa de Servicios Maternos y Salud Infantil del Departamento de Salud de Puerto Rico la cantidad de $1,255,615.

HRSA bajo el programa de Centros 330 de Salud, asignó a COSMMA Inc. en Cidra $2,145,369; al Prymed Medical Care, Inc. De Ciales $1,020,853; y el Migrant Health Center, Western Region, Inc de Mayagüez recibirá $2,953,211.

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